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España dice sí a una Constitución para Europa

El referéndum sobre la aprobación del Tratado que establece una Constitución para Europa, ha terminado en España con un período de incertidumbre que se venía prolongando desde la celebración de las elecciones europeas de 2004. Y lo ha hecho de un modo que aparentemente satisface a todas las fuerzas políticas –lo cual no es poco mérito-, aunque en realidad venga a ratificar la centralidad que en la política española y europea ha alcanzado el actual gabinete español en apenas diez meses.

 De entrada, la apuesta de Zapatero al convocar el referéndum en vez de tramitar la aprobación del Tratado por vía parlamentaria (lo que le hubiera facilitado una holgadísima mayoría), pareció tan sumamente arriesgada que algunas fuerzas políticas se apresuraron a frotarse las manos calculando el daño político que podrían inflingirle, en caso de que la consulta no alcanzara los resultados apetecidos por el responsable de su convocatoria.

 

Por tanto, los posicionamientos en relación con el referéndum hay que entenderlos más en clave de política interna española que de política europea.

 La campaña ha tenido poca historia y no ha servido para aclarar casi nada. Mientras que lógicamente los socialistas han cerrado filas tras el "sí", el PP ha vivido ese período dividido entre su ineludible compromiso con la aprobación del texto constitucional y su deseo de perjudicar en lo posible al gobierno con un resultado negativo. A la tibieza derechista en relación a las cuestiones europeas (tradicional en la derecha española), se ha sumado la apuesta por la abstención o directamente por el "no" que han hecho los sectores de extrema derecha del PP; los seguidores del partido de la derecha española han terminado pues repartiendo su voto entre todas las opciones posibles en el referéndum (sí, no y abstención). Un ejemplo más de la confusión y el caos interno que reinan en la formación que hasta hace un año dirigió con puño de hierro José María Aznar.Izquierda Unida por su parte se ha embarcado en una campaña un tanto desaforada por el "no", deseoso Llamazares de marcar distancias con los socialistas para convencer a sus críticos internos de que él no es, como le acusan, un subordinado de Zapatero. En esa línea, algunos mensajes de IU han ido incluso más allá de la demagogia, como cuando sus dirigentes se han hartado de afirmar que el actual proyecto de Constitución europea "permite" o "consagra" (según fuera la virulencia del orador) la pena de muerte, algo radicalmente falso.

Los nacionalistas moderados no han forzado en absoluto sus respectivas máquinas electorales, implicándose muy poco en la campaña. En CiU han estado tan erráticos que hasta casi última hora no decidieron su recomendación de voto (después de haber pasado por todas las opciones posibles). El PNV por su parte, y pese a la larga tradición europeísta de este partido, se ha mostrado más atento a los próximos comicios autonómicos vascos a celebrar en mayo que a lo que se dirimía en este referéndum.

 

Los nacionalistas radicales, en cambio, apostaron fuerte desde el primer momento por el "no". Su intención nada oculta era arrogarse la integridad de la fuerte contestación que calculaban saldría de las urnas en las nacionalidades históricas; en el caso específico de ERC se quería además dar satisfacción a la parte de sus bases que les exigen marcar más distancias con el gobierno español, al que esta fuerza presta apoyo parlamentario.

 

Con semejante guirigay de mensajes, no es extraño que quienes carecían de información previa sobre el asunto continuaran sin ella tras la campaña electoral. Por otra parte, todo esfuerzo gubernamental por promocionar el conocimiento del proyecto de Constitución europea, ha chocado con la oposición precisamente de quienes luego han lanzado jeremiadas a cuenta de la falta de información popular sobre el asunto (alguna campaña difusora incluso ha sido llevada a los tribunales por "partidista").

 

Los antecedentes someramente descritos sirven para valorar mejor lo ocurrido finalmente el 20 de febrero. Ese día, finalmente, votó un 42’30 % de los españoles censados. Para quien crea que es una cifra escasa, hay que recordarle tres circunstancias: la primera, que según los especialistas en la materia, en España hay entre un mínimo de un 10 % y un máximo de un 20% de abstencionistas sobre el cuerpo electoral que lo son por circunstancias técnicas no directamente imputables a su voluntad (censos no actualizados, enfermedad, viajes…); en segundo lugar, que la falta de competencia directa entre los partidos desmotiva a la mayoría de sus electores habituales (aunque no a los de grupos políticos reducidos pero militantemente "antisistema"); y en tercer lugar, y por último, que el referente comparativo para la jornada del 20 de febrero son las elecciones europeas de junio de 2004, en las que en España hubo una participación del 45%, por tanto apenas dos puntos y medio superior a la participación en este referéndum (porcentajes que dicho sea de paso, superan en unos casos y en otros igualan a los habidos en otros países de la Unión Europea en procesos similares).

 

En el conjunto de España, el "sí" a la Constitución europea obtuvo 10.800.000 votos (casi el 77% de los votantes; exactamente el 76,73%), el "no" tuvo 2.500.000 de votos (el 17%), y los votos en blanco fueron 850.000 (el 6%). En las consultas restantes en otros países europeos difícilmente podrá igualarse el caso español: tres de cada cuatro votantes se manifestaron aquí a favor del sí.

 

La distribución del voto por comunidades autónomas arroja resultados que dan que pensar.

 

A nivel español general, aquellas comunidades o zonas donde gobierna el PP o mayor es su influencia han sido las que menor participación y mayor porcentaje de noes han arrojado, descontando los casos de dos de las tres nacionalidades históricas y de Navarra. Son espectaculares los porcentajes de noes en los barrios y poblaciones en que habita la mediana y la alta burguesía madrileña, donde el "no" prácticamente duplica la media que obtiene en todo el país, llegando por ejemplo al 34% en el exclusivo barrio de Salamanca.

 

Por contra, en las comunidades gobernadas por el PSOE y en general por la izquierda (desde Andalucía hasta los cinturones rojos de Madrid y Barcelona), el "sí" obtiene sus mejores porcentajes y la participación iguala o supera a la habida en las europeas de 2004. En la gran mayoría de estas comunidades autónomas el "sí" supera el 80% de los votantes: en Extremadura el 85% y en Andalucía el 83%.

 

En el País Vasco, donde el PNV apostaba por el "sí", la baja participación ha propiciado que el voto antisistema se haya hecho notar más que en otras partes. Es obvio que los electores nacionalistas moderados no han acudido a votar a pesar del compromiso público con el "sí" de su partido, y que todo el espacio radical proetarra más el sector de extrema derecha del PP vasco (más numeroso que en otras comunidades) han votado con todos sus efectivos por el no.

 

Sobre un censo total de 1.800.000 electores posibles, el "no" ha obtenido en el País Vasco 227.000 votos; se trata por lo demás de un voto muy heterógeneo y radicalizado. En él coinciden gentes que se sitúan supuestamente en los extremos del arco político, aunque en realidad estén más próximos ideológicamente de lo que pueda parecer a primera vista.

 

De manera similar, en Navarra (comunidad con fuerte presencia de la derecha -que además tiene allí tintes especialmente ultraconservadores desde los tiempos del carlismo-, y donde funcionan también pequeñas pero activas organizaciones panvasquistas), el "no" ha rozado el 30%.

 

En Catalunya la abstención se ha situado en torno al 60%. En cifras absolutas, 1.360.000 votantes han dicho "sí", en tanto otros 600.000 votaron "no". Es obvio que un 28% de votantes que dijeron "no" es un buen porcentaje….aunque parece que un 65% que dijeron que "sí" es ciertamente un mejor resultado; dos de cada tres votantes catalanes dijeron "sí" a esta Constitución para Europa, lo que parece una mayoría más que cualificada en términos electorales corrientes.

 El voto "no" en Catalunya ha sumado fuerzas aún más dispares que en otras comunidades: en él han confluido los independentistas de ERC, los postcomunistas y ecologistas de IC, buena parte del PP local y seguramente algunos votos de los nacionalistas moderados de CiU. Por zonas, el "no" ha alcanzado sus mejores resultados en la Catalunya rural, en el interior del país ("la Catalunya catalana" que dicen los nacionalistas, descendiente directa de la vieja Catalunya carlista) y en los barrios urbanos de la media y alta burguesía; por contra, el "sí" ha tenido sus mejores resultados en las zonas urbanas, especialmente en el cinturón rojo de Barcelona (que suma más de las dos terceras partes de la población catalana), y en los barrios de clase trabajadora.

Del grado de mentecatez e infantilismo del que han hecho gala algunos partidarios del "no", es buena muestra un cartel independentista que reclamaba: "No a Europa, sí als Països Catalans"; difícilmente se puede sintetizar mejor el más rancio aislacionismo celtibérico-franquista.

 

Como siempre, la participación ha sido notoriamente inferior en los zonas habitadas por los trabajadores en relación con las que habita la burguesía, lo que una vez más evita que la distancia entre una opción y otra sea la que por potencial demográfico correspondería; una vez más hemos tenido un voto de clase, condicionado por los orígenes sociales de cada cual. Y aún así, casi dos tercios de los votantes catalanes han optado por el "sí" en tanto menos de un 30% han votado "no"; qué sería solo conque los porcentajes de participación en los barrios y poblaciones de clase trabajadora igualaran los que se dan en los barrios y poblaciones burgueses.

 

En la tercera comunidad histórica, Galicia, los nacionalistas del BNG han cosechado una derrota estrepitosa, que no hace sino confirmar el declive de esta fuerza política. Con un 43% de participación –cifra esta vez ajustada a la media española, cuando tradicionalmente en Galicia se vota bastante menos que en el resto de España-, el "sí" ha obtenido el 81% de los votos mientras que el "no" –propiciado en solitario por el BNG- apenas ha llegado al 12%; está claro que en Galicia el PP ha volcado sus muchos efectivos en el "sí", o como mínimo los ha repartido entre el "sí" y la abstención, dejando solos a los nacionalistas en el "no".

 

Un dato importante a nivel general español y que no está siendo suficientemente valorado, es el relativamente alto porcentaje de votos en blanco. Se acogieron a esta opción 850.000 personas, un 6% del total de votantes. El voto en blanco es una opción en general políticamente consciente, emitido por personas que probablemente llegaron a la conclusión de que no estaban suficientemente informadas para decidir entre el "sí" y el "no", y también por quienes querían manifestar de modo cívico su desacuerdo con la consulta en sí misma o con los contenidos de lo que se sometía a consideración de los electores.

 

A mayor abundamiento, a ese ejército de Pancho Villa que ha integrado el voto del "no" (en el que han cabalgado revueltos postcomunistas y ecologistas con ultras de derecha y de izquierda y ultranacionalistas de todos los nacionalismos posibles, incluido el español), que ahora pretenden -cada uno de ellos en lucha con los demás- arrogarse hasta la abstención, habría que recordarles que sin organización ni medios que les respalden casi un millón de españoles (en cifras absolutas, el equivalente a un tercio de los que han votado "no") al votar en blanco ha manifestado una postura cívica muy estimable y diferenciada de las opciones en liza; en la historia de la democracia española, el voto en blanco ha adquirido por primera vez carta de naturaleza política.

 En conclusión, triunfo claro de la opción europeísta y una abstención proporcional a una cierta incomprensión bastante generalizada de que no ya el futuro, sino el presente de España es Europa. Y ello a pesar de las cifras que lo corroboran clamorosamente. Por ejemplo, desde 1986, año del ingreso de España en la Unión Europea (UE), el saldo neto de lo que la UE ha aportado a España alcanza los 83.000 millones de euros, dinero que entre otras muchas cosas ha servido para construir el 40% del total de autopistas y autovías españolas, becar con el programa Erasmus a 150.000 estudiantes y aportar el 24% de la renta familiar agraria del país, y todo eso en menos de 20 años. Sólo un país de lunáticos podría rechazar algo así.