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El Poder Judicial español: un pilar básico del Estado, en manos de la extrema derecha

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acaba de defenestrar a Eduardo Fungairiño, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, harto de sus continuos desplantes y desobediencias: “toda paciencia tiene un límite”, ha declarado Conde-Pumpido. La liquidación político-profesional de Fungairiño, verdadero poder fáctico en la Magistratura española y auténtico ídolo de los sectores más derechistas y corporativistas de esa institución, presagia el inicio de una limpieza a fondo; o al menos, eso es lo que se espera.

Limpieza que, por lo demás, resulta ya inaplazable, habida cuenta de hasta dónde ha llegado la osadía de ésta gente en el desafío continuo que mantienen contra los poderes del Estado directamente emanados de la soberanía popular.

 

Eduardo Fungairiño ha sido durante años líder indiscutible del grupo de fiscales de extrema derecha autodenominado Los Indomables. Desde sus posiciones de privilegio en resortes fundamentales del Estado, Fungairiño y compañía no sólo han apoyado los posicionamientos más reaccionarios del Partido Popular, sino que -en colaboración con otras significadas instancias judiciales, como el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- han obstaculizado cuantas iniciativas de carácter progresista se han planteado desde los poderes públicos en los últimos tiempos. Las acusaciones –gravísimas- de Conde-Pumpido a Fungairiño que publicaba recientemente EL PAIS, le responsabilizan de actos que sólo pueden calificarse como sabotaje a la justicia.

 

Como muestra, la conducta de Fungairiño ante los representantes de la soberanía popular durante su deposición ante la Comisión parlamentaria que investigaba el 11-M. El desdén, la suficiencia y hasta la chulería con los que el ya ex jefe fiscal de la Audiencia Nacional escarneció a los diputados, quedó bien patente cuando con la mayor tranquilidad dijo carecer de toda información sobre el asunto de los atentados de Madrid y desconocer incluso la que habían hecho pública los medios, ya que él “sólo ve en televisión los documentales de la BBC” (sic).

 

Su caída es pues una excelente noticia. Con todo, y al tiempo que rueda la cabeza de éste elemento, continúa en toda su potencia la brutal campaña “legal” (es decir, manejada por leguleyos) contra la propuesta de nuevo Estatuto de Catalunya, y ello a pesar de que el texto definitivo aún no ha sido votado y de que las modificaciones habidas han ahormado en la Constitución de manera substancial la propuesta original. En esa ofensiva, por cierto, se inscribe un informe no solicitado por nadie y sin embargo elaborado por el CGPJ -el organismo presidido por el inefable Hernando, el alto magistrado que recientemente comparó aprender la lengua catalana con tomar clases para bailar sevillanas-, que en definitiva representa la contribución de tan alto órgano del Estado a la pinza política-mediática-oligárquica-militar contra el proyecto de Estatuto.

 

Y es que los jueces que componen el Estado Mayor de la Justicia española fueron nombrados en su gran mayoría en época del gobierno Aznar por sus reconocida obediencia al PP; de siempre han mantenido posiciones ultra reaccionarias en materia política, social y de costumbres, como han venido demostrando en cuantas ocasiones han tenido o se han tomado para manifestarse públicamente, y sobre todo, para obrar al servicio de los intereses que defienden.

 

En ese juego de crearle dificultades desde el aparato judicial a todo gobierno español no reaccionario, la Audiencia Nacional –y de modo especial, la mayoría de fiscales destinados en ella, agrupados en Los Indomables-, ha desempeñado un papel de primer orden. La historia nos dice que La Audiencia Nacional fue concebida en su día como organismo sucesor en la democracia del liquidado Tribunal de Orden Público franquista, lo cual ya da alguna pista sobre sus orígenes ideológicos. Que entienda en exclusiva de las causas de terrorismo –sacando éstas del entorno físico donde era fácil para el mundo etarra presionar a los jueces-, ha ayudado sin duda a no dar respiro a ETA.

 

Muy diferentes resultados ha obtenido la Audiencia sin embargo en relación con la competencia asimismo exclusiva en los delitos de narcotráfico, grupos organizados de delincuentes y grandes delitos empresariales. Y es que el celo puesto en la persecución de esa clase de criminales parece haber sido -como en general ocurre en toda la judicatura, salvo honrosas excepciones-, bastante más débil que el puesto en la persecución de terroristas. Como botón de muestra de esas debilidades, queda ahí la reciente destitución del presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas por actuar –presuntamente, faltaría más- a favor de un capo del narcotráfico canario.

 

La salida de Eduardo Fungairiño presagia pues un barrido a conciencia de unas instancias judiciales sobre las que el ciudadano de a pie no se llama a engaño. Tal como manifiestan repetidamente las encuestas sobre este asunto, existe un convencimiento general entre la ciudadanía de que la justicia no es igual para todos, y que ésta siempre beneficia a los ricos; realmente, corrupción y despotismo vienen de muy antiguo en un sistema judicial históricamente clasista y al servicio de los poderosos, rasgos que la larga dictadura de Franco no hizo sino acentuar hasta el paroxismo.

Es necesario pues comenzar a ventilar la justicia española, y sacudirle de una vez el pestazo a franquismo que sigue conservando.