Blog

Guerra total a la sanidad pública en España: la crisis del hospital «Severo Ochoa»

La batalla que se está librando en torno a los cuidados paliativos que en el hospital de Leganés "Severo Ochoa" se prestan a los enfermos terminales, no es fruto sólo de la ignorancia de algunas personas y de la estupidez de un político irresponsable, aunque algo haya también de esas dos cosas.

El transfondo es, con todo, mucho más profundo y complejo. Según todos los indicios, el "Severo Ochoa" ha sido elegido como primer objetivo de una campaña frontal y brutal contra la sanidad pública. Se trataría de una consciente y planificada ofensiva, inscrita a nivel español en un contexto estratégico de desprestigo de la sanidad pública y de cuanto la rodea, que en este caso concreto perseguiría justificar en la Comunidad de Madrid un futuro trasvase masivo de los cuidados paliativos de los hospitales públicos a los privados.

En síntesis, los hechos se han desarrollado así hasta ahora: la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid –que, no hay que olvidar, está gobernada por el Partido Popular (PP) gracias a la compra de dos diputados socialistas tránsfugas, en una operación dirigida por significados promotores inmobiliarios de los cuales el PP madrileño es socio y rehén-, decide proceder contra el doctor Montes y otros médicos del hospital "Severo Ochoa", por considerar que en ese hospital se está practicando una especie de eutanasia encubierta, haciendo morir a pacientes terminales mediante la administración de sedantes en dosis mortales. La Consejería de Sanidad reconoce públicamente, sin ningún empacho, que las actuaciones contra Montes se han iniciado a partir de la recepción en ese organismo de dos anónimos (!).

 

Inmediatamente (¿sincronizadamente?) entra en acción la perrera mediática del PP (El Mundo, La COPE etc) señalando objetivos y pasos, según la costumbre. En un proceso cada vez más delirante, el acoso al doctor Montes ha ido evolucionando hacia un cuestionamiento progresivo del personal médico del hospital "Severo Ochoa" primero, y luego de la totalidad de la sanidad pública, a la que en los últimos días ya se califica en esos medios directamente de "socialista".

 

El consejero de Sanidad, Lamela, ha terminado por convertir el problema creado por él en un asunto personal –algo así como "O Montes o yo"-, lanzándose a una huída hacia delante que le está metiendo en un callejón sin salida. No es creíble que prestigiosos médicos hayan estado actuando durante años como doctores Mengeles en un hospital público sin que nada se filtre hasta que un valiente denunciante (¡anónimo!) dispara las alarmas; Lamela está, sencillamente, haciendo el ridículo, y probablemente al final de toda esta historia le aguarda la dimisión.

 

Tampoco Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad madrileña, está quedando bien parada en todo el lío inducido por su subordinado en el gobierno autónomo madrileño. La presidenta va cambiando de posición según sopla el viento y las reacciones: unas veces da todo su apoyo a Lamela, otras se remite a ver cómo acaba la cosa, y otras en fin intenta desentenderse del conflicto como si fuera ajena a su creación. Mariano Rajoy, líder supremo del PP español (o eso dicen sus allegados), por su parte, ha manifestado que Lamela "es uno de los políticos más importantes del PP" (sic); decididamente, tanto el sentido de las proporciones como el del ridículo parecen ser más bien ajenos al talante político y humano de la derecha española.

 

Como decía al principio, aquí se está ventilando mucho más que el honor y el futuro profesional de un puñado de médicos injustamente agraviados: lo que se ha lanzado es un cañonazo muy serio contra el concepto mismo de sanidad pública. Y como estas cosas nunca son gratis, nos enteramos en la Cadena SER de que la Consejería de Sanidad madrileña tiene la intención de centralizar todos los cuidados paliativos que prestan diferentes hospitales públicos en un único hospital privado, que para más señas está regentado por monjas. Obviamente los cuidados paliativos a enfermos terminales son un negocio extraordinariamente suculento; cualquiera estaría dispuesto a pagar por ellos lo que le pidan. Por tanto, si el PP triunfa en su intento de demoler la sanidad pública, quien no pueda pagar esos cuidados (o una operación difícil y cara) deberá pasarse sin ellos.

 

Y por si fuera poco repugnante tamaña voracidad, la envuelven en fariseísmos en los que se invoca el derecho a la vida de pacientes a los que ya sólo puede proporcionárseles una muerte digna y lo menos traumática posible para él y para sus allegados. Profesionales de la medicina y usuarios de la sanidad pública manifiestan públicamente su temor a que, en adelante y por culpa de todo este escándalo, muchos médicos no se atrevan a seguir usando fármacos y drogas mediante los cuales se alivia el sufrimiento de los enfermos terminales aunque legalmente su uso no esté claramente reconocido. Entre paréntesis, es vergonzoso que la legislación siga impidiendo, al menos formalmente, que el criterio del médico sea el único capacitado a la hora de determinar qué substancias y en qué dosis se deben administrar a un determinado paciente que se halla en una situación clínica irreversible; pura herencia legal de un cristianismo atávico, ignorante y autoritario.

 

El último episodio de este drama delirante, el que lo eleva definitivamente a la categoría de vendetta gansteril inducida y protagonizada por el PP madrileño, lo acaba de protagonizar –cómo no- el consejero Lamela, enviando una furgoneta a robar 400 historiales médicos del hospital "Severo Ochoa", con la excusa de comprobar las sedaciones administradas a pacientes ya fallecidos. "Robar" es efectivamente el único verbo que puede definir el expolio, ya que la acción no ha contado ni con una orden judicial, ni con la autorización de los médicos custodios de los historiales, ni con la de las familias de los pacientes a los que se refieren esos historiales.

 

En la historia del PP este tipo de actuaciones no son precisamente excepcionales. Ya hace algunos unos años, el gobierno que presidía José María Aznar envió la policía a las tiendas de electrodomésticos a incautarse de las listas de abonados a Canal Plus. Cierto que entonces cubrieron las apariencias con una orden judicial expedida a medida por el juez Gómez de Liaño (posteriormente condenado y expulsado por prevaricación); sino lo han hecho ahora es porque, una vez que la derecha perdió el gobierno español en marzo de 2004, ni siquiera los jueces más adictos se arriesgarían a extender una orden judicial para que Lamela pudiera llevarse legalmente los historiales del hospital "Severo Ochoa".

 En cuanto a usar personal público y furgonetas de servicio para transportes del interés del partido derechista, baste recordar cómo durante la Huelga General de junio de 2003 (aquella que según la TVE de Pío Cabanillas "no existió"), el gobierno Aznar hizo que furgonetas de la Policía Nacional cargaran y distribuyeran a los puntos de venta los ejemplares del diario EL MUNDO que habían quedado bloqueados en los talleres de impresión.Con todo, parece que ahora tanto los colectivos de médicos como el pueblo de Madrid -asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos de izquierda y organizaciones populares (en sentido real) de todo tipo- no van a transigir. Se anuncian movilizaciones, y una fuerte resistencia. Veremos en qué queda este asalto y quién lo gana.