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¿El nuevo Estatuto de Catalunya evitará los socavones en el barrio de El Carmel?

El pasado día 25 de enero, y como consecuencia de las obras de construcción de una nueva línea del Metro de Barcelona, se produjo un gigantesco socavón subterráneo de treinta metros de profundidad que dañó estructuralmente varios edificios de viviendas cercanos. La causa directa del desastre ha sido la construcción de un túnel de maniobras bajo el barrio de El Carmel.

 Aunque los vecinos hacía días que protestaban tras haber detectado la aparición de grietas en sus casas, sacudidas además por temblores continuos en la semana previa, nadie les había hecho el menor caso hasta ese momento. Ahora, ante el temor de que comenzaran a derrumbarse los edificios colindantes, se inició la evacuación de los vecinos a toda prisa, de manera que ni se les dio tiempo para recoger enseres y pertenencias. Los desalojados fueron instalados en hoteles de la ciudad y en casas particulares.

Dos días después, y por efecto de ese primer socavón detectado, se produjo el derrumbamiento de un garaje situado encima del agujero. Debido al mal estado del edificio anejo al garaje, se procedió a su demolición inmediata. Por razones de seguridad, en toda la zona se había evacuado ya a más de mil personas.

 

El 1 de febrero se continúa la demolición de edificios, y se permite a parte de los vecinos regresar a sus casas para recoger enseres básicos y otras pequeñas pertenencias. El 3 de febrero se da por "controlado" el incidente, y se autoriza el regreso de los desalojados a sus viviendas. Sin embargo, a las pocas horas son de nuevo desalojados precipitadamente: se acaba de detectar un segundo socavón subterráneo, a pesar de que las Administraciones públicas y las empresas implicadas habían dado todas las garantías para el retorno; incluso se habían distribuido certificados de seguridad entre los afectados.

 En medio, las excusas, los balbuceos, las medias verdades. Declaraciones y ruedas de prensa asegurando que "todo está controlado y que esto no va a volver a pasar"… para encontrarse poco después conque no sólo vuelve a pasar, sino que la situación se agrava a medida que discurren las horas.

La empresa constructora, Fomento de Construcciones y Contratas, ni siquiera se ha molestado en ofrecer su versión de los hechos. Los portavoces de las Administraciones implicadas, por contra, sudan sangre cada vez que tienen que comparecer para intentar lo imposible: convencer a los ciudadanos de que todo se ha hecho bien y que en adelante aún se va a hacer mejor.

 

Sin embargo poco a poco vamos enterándonos de la improvisación y la chapuza que han rodeado esta obra. Resulta que el sistema para horadar túneles que se ha empleado, conocido como "método austríaco", fue expresamente prohibido en Madrid hace 9 años por ser muy peligroso y haber producido en todo el mundo con anterioridad un gran número de catástrofes. Peor todavía: el 3 de febrero, Pasqual Maragall, Presidente de la Generalitat de Catalunya, declara que los estudios geológicos previos a la obra "están incompletos" (sic).

 

El proyecto data del año 2000, y ya en su momento generó conflictos entre las Administraciones y TMB, la empresa pública que gestiona el Metro de Barcelona. En noviembre de 2002, el director general de Transportes de la Generalitat de Catalunya (entonces gobernada por los nacionalistas conservadores de CiU) forzó que el túnel que a la postre ha originado todos los problemas se construyera bajo El Carmel. En marzo de 2004, el departamento de Política Territorial del nuevo gobierno de la Generalitat (de centro-izquierda), aprobó definitivamente la modificación del proyecto constructivo original, ratificando de hecho los cambios introducidos por sus antecesores.

 

Para quien no lo conozca, el barrio de El Carmel es uno de los más humildes entre los habitados por las clases trabajadoras en Barcelona. Inicialmente fue un barrio de chabolas y casitas de autoconstrucción, hasta que en los años sesenta y principios de los setenta se levantaron la mayoría de edificios actuales de viviendas, a fin de acoger a parte de la oleada de emigración que llegó a la ciudad en esa época. Se trata por tanto de edificios construidos en plena especulación inmobiliaria salvaje, en las postrimerías del franquismo. Tras la llegada de la democracia, en los últimos 20 años se ha dignificado considerablemente el barrio en todos los ámbitos posibles, dotándolo de servicios e infraestructuras y rehabilitando muchos edificios; como ejemplo, y dado el relieve de tipo montañoso sobre el que se asienta, el Ayuntamiento de Barcelona hubo de instalar escaleras mecánicas en algunas de sus calles más empinadas.

 

El amago de catástrofe en El Carmel –ha sido por pura casualidad que en estos momentos no estemos lamentando una tragedia que podría haber costado centenares de muertos-, llega en el momento en que la clase política catalana y eso que se ha dado en llamar la "sociedad civil" del país, sacan pecho una vez más a cuenta de lo bien que se hacen aquí las cosas en comparación con la forma de hacerlas en otros sitios. Fue hace sólo unos días, durante la discusión en el parlamento español del llamado Plan Ibarretxe, cuando hubimos de soportar otra ración de prepotencia de los políticos catalanes de todas las tendencias (aunque especialmente, como no podía ser menos, de parte de los nacionalistas), explicando cómo en Catalunya se hacen las cosas del mejor modo posible; mientras que los vascos se presentaban en Madrid con una propuesta que divide a la sociedad vasca, nosotros estamos preparando aquí entre todos un nuevo Estatuto catalán que nos hará avanzar muchísimo en el reconocimiento de nuestros derechos nacionales etc etc. Y todo ello de común acuerdo, porque a diferencia de otras la sociedad catalana derrocha "seny" (sensatez, cordura) y moderación colectivas.

 

Es decir, nos toman el pelo. Mientras los edificios donde viven las clases trabajadoras se pudren por la aluminosis o se derrumban por obras como la del túnel de El Carmel, la preocupación exclusiva de las élites políticas, sociales y culturales catalanas se centra en aumentar el reconocimiento de Catalunya en tanto que entidad nacional, y la de las élites económicas en hacerse con las sabrosas plusvalías que generan obras como la comentada; en suma, lo único que les preocupa a unos es aumentar su poder, y a los otros sus beneficios. Luego vienen los parches, que siempre llegan cuando la herida está tan abierta que no se puede ocultar y que, además, nunca resuelven los problemas estructurales.

 

Para mayor abundamiento, sólo hay que recordar el destino de la Carta Social, impulsada en su día por los sindicatos mayoritarios y acordada con el gobierno de centro-izquierda de la Generalitat. Siendo poco más que una declaración de derechos mínimos de los trabajadores que debería haber sido incorporada en el nuevo Estatuto de Autonomía catalán, la Carta Social fue vetada por los partidos de derechas –CiU y PP-, que llegaron a condicionar su continuidad en la ponencia redactora del nuevo Estatuto a la desaparición de la Carta del texto final, cosa que el gobierno catalán aceptó sin mayores explicaciones. Se comprenderá así que la irritación crezca entre los sectores sociales que ven cómo la defensa de sus intereses se subordina día tras día a los supuestamente superiores intereses "colectivos" de carácter nacional, que no son sino la expresión de los intereses muy concretos de las clases dominantes catalanas.

 

Si el nuevo Estatuto va a servir exclusivamente para consagrar y reforzar esa situación, quizá ya va siendo hora de decir que su aprobación resulta indiferente a los trabajadores y a las clases populares en relación con sus derechos y necesidades reales. Si el Estatuto ha de ser exclusivamente un instrumento más eficaz para la trasmisión de valores ideológicos y en la imposición de la hegemonía de la burguesía catalana, nada habrá en él que justifique su apoyo por esas clases.

 Al menos mientras no sirva para resolver problemas como el que se ha planteado en El Carmel, y sobre todo, para evitar que en adelante se produzcan otros casos como éste.