Blog

Air Bush en España. Los vuelos clandestinos de la CIA violan la soberanía española

El escándalo internacional de los vuelos organizados por la CIA, en los que cientos o tal vez miles de prisioneros secuestrados en todo el mundo y supuestamente relacionados con el terrorismo internacional, son trasladados a cárceles secretas fuera del territorio de EEUU, no ha hecho sino comenzar.

 

Al parecer, los aviones de varias empresas de transporte aéreo, unas trabajando en exclusividad para la CIA y otras haciéndolo de manera temporal, han sido usados (y siguen siéndolo) para el traslado de presos detenidos ilegalmente, a los que se desplaza entre centros de detención clandestinos gestionados por la Agencia de Inteligencia norteamericana en medio mundo.

La mayoría de estas cárceles secretas estarían situadas en países de Europa Oriental (Polonia, Rumanía, Kosovo, Macedonia), norte de África (Marruecos, Argelia, Libia, Egipto), y Oriente Próximo (Irak), y se supone que funcionan con el consentimiento –y por tanto, con la complicidad- de los países en cuyo suelo se ubican esos “chupaderos” en los que desaparecen seres humanos.

 

El descubrimiento de todo este tinglado fue casual, y en cierto modo tiene que ver con la arrogancia con que sus autores perpetran estas acciones delictivas, convencidos hasta ahora de gozar de la más absoluta impunidad. Quien ha destapado esta actividad criminal ha sido un grupo de aficionados a la fotografía y a la aviación, que desde hace algunos años se reúne en las cercanías del aeropuerto de Palma de Mallorca para, aprovechando el intenso tráfico aéreo que entra y sale de la isla, fotografiar aeronaves. Los fotógrafos aficionados detectaron la creciente asiduidad de las visitas a la isla de aviones pertenecientes a empresas conocidas por prestar sus servicios a la CIA y a otros organismos gubernamentales norteamericanos; tras hacer comprobaciones consultando a colegas de otros países se documentó la ruta de algunos vuelos, especialmente uno originado en Alemania identificado en su día como transporte de un detenido ilegal.

 

En un primer momento, se hizo público que los vuelos de la CIA que tomaron tierra en España –en escala técnica se supone, aunque no pueden excluirse otras finalidades- fueron dieciséis, casi todos relacionados con el aeropuerto de Mallorca. Un informe de la Guardia Civil de 10 de junio de 2005 se refiere a diez vuelos concretos y habla de “decenas de ocupantes con estatus diplomático”. Uno de esos vuelos llegó desde Bagdad el mismo día en que los EEUU capturaron a Saddam Hussein, y otro coincidiendo con el traslado de un grupo de presos desde Libia hasta Guantánamo, en Cuba (El País, 15-11-2005).

 

Sin embargo, al extender la investigación a otros aeropuertos españoles y considerar el período 2004-2005, los vuelos pasan a ser centenares. En 2004 los EEUU comunicaron oficialmente al gobierno español 138 escalas en el aeropuerto de Mallorca, “de los cuales sólo unos pocos eran aviones de combate y transporte militar, la mayoría eran aviones privados fletados por agencias gubernamentales” (El País, 17-11-2005). Cabe deducir por tanto, que el gobierno de los EEUU sabía que sus agencias estaban fletando esos vuelos, y que el gobierno español dio su conformidad o no hizo nada para impedir su aterrizaje en suelo español, lo que supone una clara dejación de soberanía ante la potencia norteamericana.

 

Tras las primeras referencias periodísticas la presión de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, especialmente Human Rights Watch, convirtieron en inocultable el asunto, y rápidamente éste tomó dimensión institucional. Así, el 23 de noviembre último el Consejo de Europa decidió tomar cartas e investigar los vuelos y las cárceles secretas en territorio europeo, pidiendo a los 45 gobiernos asociados que antes de febrero de 2006 le faciliten información oficial sobre la relación de cada uno de ellos con esta iniciativa criminal. Singularmente, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han conminado directamente a los gobiernos de Rumanía y Polonia a dar explicaciones sobre el caso y su implicación en él. Más lenta ha estado la Comisión Europea, embarcada en el proceso de cerrar la herida en la relación “transantlántica” abierta tras la invasión de Irak; con todo, finalmente hasta el gobierno de la UE ha reaccionado.

 

Hacia dónde apuntan todas esas acciones lo señaló claramente el secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, al reclamar que los gobiernos europeos informen sobre hechos acaecidos con posterioridad al 1 de enero de 2002 que comporten secuestros de personas por “funcionarios de agencias extranjeras” (sic), explicando además qué medidas se han tomado para impedir tales acciones o si, por el contrario, se ha colaborado con “agentes de otro Estado” en dichas actividades. Aunque sin señalar directamente a EEUU, Davis habló, en un lenguaje inusitadamente claro en un diplomático europeo, de violaciones del cumplimiento de la convención de derechos individuales por “acciones de agencias extranjeras” (El País, 24-11-2005).

    

Apenas 24 horas después de la resolución del Consejo de Europa, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, compareció ante la Comisión parlamentaria correspondiente ante la que explicó -en un sorprendente giro de timón del gobierno español, muy crítico en un principio con los vuelos- que las investigaciones efectuadas no habían encontrado indicios de delito, y que EEUU había desmentido la existencia de esos vuelos clandestinos; eso sí, en adelante se reforzarían los controles sobre aparatos sospechosos.

 

Aparentemente la comparecencia de Moratinos constituyó una bajada de pantalones del gobierno español ante el norteamericano. Sin embargo, más allá de las naderías exculpatorias referidas, el ministro facilitó elementos muy importantes para las futuras investigaciones.

 

Moratinos dijo, por ejemplo, que las llamadas “escalas técnicas” de vuelos fletados por la CIA se remontan a 2001. Es decir, reconoció implícitamente que no son una iniciativa puntual desarrollada en los últimos meses sino parte de un plan establecido que conecta con el 11-S (y que quizá comenzó a ejecutarse antes de esa fecha). Y dijo también que durante la presidencia de José María Aznar se “flexibilizaron” (sic) los controles a los que son sometidos los aviones USA que sobrevuelan o hacen escala en territorio español: por tanto, desde 2001 se conocían esos vuelos, que eran autorizados genéricamente, independientemente de la carga o pasaje transportados en cada uno de ellos.

 

Es decir, lo que Moratinos dejó entrever entre líneas durante su comparecencia parlamentaria es que el gobierno Aznar conocía la existencia de esos vuelos, que cerró los ojos respecto a lo que transportaban (aunque tal desconocimiento parece como mínimo dudoso, en un gobierno cuyo presidente participó en la famosa reunión de las Azores y se implicó de hoz y coz en la “Cruzada Antiterrorista Mundial” de Bush), y que ocultó su existencia al Parlamento español, a las instituciones europeas, al gobierno que le sucedió y a la ciudadanía del país en general.

 

Aún dijo más Moratinos. Según él, en marzo de 2005 el actual gobierno español ya había pedido explicaciones al gobierno de EEUU por estos vuelos; la respuesta de los norteamericanos fue que “las leyes españolas no habían sido violadas” (sic). Y sin embargo a pesar de tales seguridades, hubo a posteriori investigaciones oficiales españolas que afectaban al aeropuerto de Mallorca y a los aeropuertos de las Islas Canarias. Es más, el gobierno español ha anunciado que en adelante “inspeccionará los vuelos sospechosos norteamericanos” (El País, 25-11-2005). Es decir, el gobierno español actual sí tiene la convicción de que esos transportes ilegales se han producido y que se ha usado España como escala, al margen de lo que sus representantes declaren oficialmente.

 

Seis escalas realizadas en Tenerife entre junio de 2003 y septiembre de 2004 han llamado particularmente la atención de los investigadores. El diputado regionalista canario Luis Mardones se refiere como especialmente significativo a uno de esos vuelos, que llegó a Canarias el 12 de abril de 2004 procedente del campo de detención ilegal de Guantánamo (Cuba) y despegó luego rumbo a Bucarest, la capital de Rumanía; “Ése no es un trayecto que se oferte en las agencias de viaje”, en palabras del diputado Mardones (El País, 25-11-2005).

 

Pues bien, todos esos vuelos los identificó Moratinos durante su comparecencia parlamentaria como “al servicio de la Administración de EEUU; probablemente de la CIA” (El País, 25-11-2005).

 

En esa misma sesión parlamentaria del 24 de noviembre, el ministro de Exteriores intentó presentar el acuerdo de venta de material militar español a Venezuela como un “asunto entre empresas”, y por tanto al margen de las decisiones gubernamentales. En el aire quedó flotando la duda de si la “moderación” de Moratinos en el asunto de los vuelos de la CIA (en contraste con la durísima condena inicial hecha días antes por Alonso, el ministro de Interior) y su desvío posterior del asunto hacia instancias europeas, no sería la compensación a que EEUU no vete explícitamente esa operación comercial, amenazada tras las declaraciones de su embajador en España. Para el gobierno español el contrato de venta de barcos y aviones militares a Venezuela es muy importante, en la medida en que garantiza casi un millar de puestos de trabajo directos durante los próximos seis años en un sector en fuerte crisis (Radio Nacional de España, 28-11-2005).

 

En síntesis, parece obvio que los vuelos clandestinos se han producido, y que su finalidad aparente es trasladar secuestrados entre cárceles secretas situadas en distintos países. Queda por saber qué ocurre dentro de esos aviones, en la medida de que, según algunas sospechas, algunos de ellos o su totalidad estén siendo usados como “centros de tortura móviles”, e incluso como “agujeros negros” en los cuales desaparezcan para siempre los abducidos; hay que recordar que el procedimiento de lanzar al mar a detenidos fue un método usado con profusión en Argentina y Chile durante las dictaduras militares, y que tales vuelos se realizaron bajo supervisión de la propia CIA.

 

Urge pues una investigación seria y a fondo. Los vuelos de “Air Bush” no pueden seguir manchando el territorio español con su inmundicia.