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Del incivismo y su represión

Hace unos días asistí por motivos estrictamente profesionales a unas jornadas en las que, en substancia, se planteaba la necesidad de reforzar, ampliar y endurecer las disposiciones legales de todo tipo –desde las normativas municipales hasta el Código Penal- a fin de reprimir más eficazmente las conductas incívicas, ante las cuales nuestras autoridades locales se sienten, al parecer, totalmente desbordadas.

 

El de la falta de civismo en las sociedades desarrolladas, es un tema recurrente en el mundo contemporáneo. En su trasfondo: el fracaso escolar, la necesidad desesperada de llamar la atención sobre uno, la solidaridad gamberra entre personas de carácter débil y el desprecio general a cuanto tiene uso colectivo; también, cierta idiocia social que lleva a considerar antiguas y pasadas de moda la cortesía, la educación, y lo que solía llamarse antes "las buenas maneras" en el trato con los demás y con las cosas. Expresarse con precisión y manejando un vocabulario adecuado, por ejemplo, pasa hoy por cursilería cuando no por actitud anticuada.

 

Desde el 11-S, por lo demás, vivimos en la expansión permanente y descarada del Estado policial, inmersos sus aparatos represores en un crecimiento elefantiásico nutrido con una porción cada vez mayor de los Presupuestos del Estado. EL PAIS del 5 de octubre informaba de que nuestro actual Gobierno, que al parecer tanto destaca en políticas sociales avanzadas, dedicará a gastos militares una cuarta parte del presupuesto destinado a I+D para 2006. Es sólo un botón de muestra. Estamos pues en plena ola de obsesión por la seguridad, y toda inversión en ella parece poco.

 

Así pues, parece que también en la "vieja Europa" se prefiere ya tipificar nuevas conductas delictivas a corregirlas adecuadamente, y sobre todo, a prevenirlas. Si para ello hay que forzar las normas legales, modificarlas o hacer otras nuevas (alteraciones que en vez de venir a asegurar las libertades de los ciudadanos, apuesten decididamente por la represión de cualquier asomo de "disfunción social"), se procede a ello sin mayor problema. Eso sí, previamente se busca el consenso de juristas y expertos sociales a fin de dotar de respetabilidad esas iniciativas, como es el caso de las jornadas a las que aludía al principio de este post.

 

Este tipo de respuesta por parte de los políticos que nos administran no es gratuita. Responde directamente a la intensa presión que están soportando, inducida por unos medios de comunicación que, de modo consciente, están atizando el miedo entre nuestros administradores. Hacia los políticos van los dardos envenenados de unos medios conocedores de su poder, pues en nuestras democracias demediadas -en las que cada vez menos gente tiene criterio propio y, por tanto, las mayorías son fácilmente subsceptibles de manipulación-, la "opinión publicada" conforma cada día más una opinión pública manejada por impulsos muy primarios y hasta epidérmicos: bastan algunos artículos llamativos encadenados o un reportaje televisivo de "investigación periodística" espectacular, para disparar una alarma social capaz de enterrar carreras políticas muy sólidas.

 

La defensa de los políticos es pues apelar al palo y tente tieso como modo de atajar estos problemas, cuya solución real todos saben que reside en otra parte. Pero la necesidad de mostrar que se es capaz de tomar medidas enérgicas que den rendimiento inmediato (aunque forzosamente éste sea aparente y temporal) lleva a este tipo de actuaciones, en perjuicio de las verdaderas medidas de fondo, que siempre implican mayores inversiones y plazos más largos para obtener resultados. Por decirlo gráficamente, cada vez vamos a tener más policías y menos maestros.

 

Y sin embargo, criminalizar conductas de incivismo es la via ideal para aumentar rápidamente el censo de verdaderos delincuentes: el gamberro tratado como delincuente no tardará en ser uno más de éstos. Pasar estos asuntos de la vía administrativa al procedimiento penal, es el modo más seguro de garantizar la transformación de uno en otro.

 

Por lo demás, este tipo de políticas represivas pierden toda eficacia cuando se han de aplicar a sectores muy extensos de la población, cuando las Administraciones carecen de medios para sostenerlas a largo plazo. Desgraciadamente, el incivismo es hoy práctica habitual, sobre todo entre los más jovenes, y por tanto constituye una conducta masiva a la que es imposible combatir frontalmente en su totalidad; pagarán pues aquellos que sean incapaces de substraerse a la acción represiva, pero muchos más continuarán ejerciéndola y probablemente de un modo más agresivo cuanto mayor sea el riesgo de ser castigado con dureza.

 

Como colofón, y tal y como señaló un reputado jurista en las jornadas comentadas, la exigencia de responsabilidades quedará finalmente limitada a aquellos sectores que en razón de su visibilidad social no pueden esquivar la acción represiva (ya que están previamente "fichados" por las Administraciones al tener un sueldo fijo, ser propietario de un apartamento, tener vehículo propio matriculado, etc), en tanto aquellos otros que por causa de su posición social -privilegiada en unos casos, o marginal en otros- resultan opacos e inasibles, escaparán sin problemas a ella.

  

Estamos, en fin, en puertas de otro error monumental cometido a la sombra de la histeria desatada por el 11-S, la fecha maldita a partir de la cual la nueva religión de la seguridad avasalla todo respeto a las libertades públicas.