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Hay vida más allá del Estatuto catalán (y sin él también)

A principios del verano, el político nacionalista catalán Duran i Lleida sorprendió a propios y extraños declarando que los catalanes "están hartos del Estatut y de sus políticos" (sic). Han sido estas unas declaraciones que a pesar de producirse en plena canícula veraniega, han tenido un impacto mediático y social muy fuerte más allá de los círculos que habitualmente siguen estos asuntos.

La repercusión está más que justificada. Ocurre que por primera vez un miembro destacado de eso que se ha dado en llamar "la clase política" catalana, ha manifestado en voz alta y sin embozos su convencimiento de que las preocupaciones y motivaciones de los ciudadanos a los que teóricamente representan él y sus pares de todo el arco político, están completamente disociadas de aquellas que mueven a sus supuestos representantes. Algo por lo demás ya sabido y señalado en diferentes medios, incluido, modestamente, este blog, que en ocasiones anteriores ha tratado el asunto en posts relativos a la famosa –y apresuradamente sepultada- crisis del 3% (el cobro de comisiones sobre obra pública realizada durante la época de los gobiernos de Pujol), el hundimiento de edificios en el barrio de El Carmel de Barcelona, o las lacerantes cifras que el catedrático Vicenç Navarro suministra en sus libros y artículos sobre la auténtica realidad social catalana.

 En suma, el olfato del veterano dirigente nacionalista no había hecho sino captar un malestar ampliamente extendido en la sociedad catalana, que en los últimos tiempos se ha ido concretando en una irritación creciente contra la lentitud, reiteración y sobre todo, la vaciedad del proceso mismo de confección de un nuevo Estatuto catalán. Apenas unas semanas antes de las declaraciones de Duran Lleida, el primer Barómetro de Opinión realizado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya señalaba que sólo el 0’4% de los catalanes consideran el Estatut como algo muy importante para sus vidas; es decir, ni siquiera los nacionalistas creen que el "marco jurídico-político" catalán tenga o vaya tener alguna influencia real en la vida cotidiana de las personas que viven en el país. 

Evidentemente el problema trasciende el debate en torno a si era necesario o no embarcarse en la creación de un nuevo Estatut para Catalunya. Lo que se está jugando aquí tiene una trascendencia mucho mayor: es la propia credibilidad de todo el arco político catalán lo que anda en tela de juicio, y es por ello que en los últimos días los sectores políticos más comprometidos en sacar adelante el proyecto han pisado a fondo el acelerador. Todos necesitan urgentemente poder presentar ante la sociedad catalana un resultado que pueda "venderse" como el fruto del más amplio consenso posible que hoy pueda alcanzarse en Catalunya sobre cualquier asunto… o justificar su imposibilidad en nombre de la defensa de los más altos principios.

 Entrar a diseccionar el por qué en estos momentos está bloqueada la confección del Estatut tiene muy poco interés, más allá de constatar el maniobrerismo barato que preside el juego de las estrategias partidistas. La apelación a unos fantasmales "derechos históricos" ha servido a los partidos nacionalistas para ensayar un frente común que podría buscar anticipar las elecciones autonómicas o ir dibujando un cambio de alianzas para la próxima legislatura; por su parte, los partidos de izquierdas se han visto atrapados en la contradicción de fiar el eje de su actuación de gobierno a un asunto, la redacción de un texto legal, ante cuyo contenido e incluso mera existencia la gran mayoría de sus bases sociales muestra una tibia adhesión cuando no indiferencia.  En este clima, la apuesta tozuda del gobierno Maragall y del propio President catalán por el nuevo Estatut comienza a ser vista simplemente como un modo de conservar algún vínculo entre los partidos que integran el tripartito catalán, y sobre todo, como un manto de seda que recubra una obra de gobierno inexistente, especialmente en lo que atañe al terreno social. Y seguramente no es ésa una apreciación desencaminada. 

Porque éste es precisamente el talón de Aquiles de un gobierno que se proclamó a sí mismo "catalanista y de izquierdas": la política social. Hace ya muchos meses que los sindicatos mayoritarios alertaron no sólo contra la falta de medidas de gobierno que mejoraran las condiciones de vida de las clases trabajadoras y populares catalanas, sino también contra el hecho de que el futuro Estatut no aporte nada en ese terreno. En su momento los sindicatos presentaron a los redactores del Estatut una Carta Social que recogía un conjunto de derechos mínimos para los trabajadores catalanes, y cuya inclusión en el texto en redacción fue aceptada en un primer momento por los partidos de izquierda. Sin embargo, los partidos de derechas (los nacionalistas "moderados" de CiU y los españolistas del PP, ambos en la oposición) vetaron la Carta Social, condicionando su apoyo al conjunto del Estatut a que no se la incluyera en éste, chantaje que cosechó la "comprensión" de ERC (no podía ser de otro modo), y que finalmente fue aceptado por PSC y IU; todo en aras del más amplio consenso político posible, naturalmente.

 Ocurre que este ninguneo hacia los derechos básicos de quienes contribuyen a crear eso que eufemísticamente se llama "la riqueza del país" ( es decir, a generar las plusvalías que luego se apropia la burguesía catalana o foránea), viene a llover sobre mojado, y desde luego contrasta con el optimismo social oficial. Estos días está en los medios –bien que en lugares poco destacados- una cifra impactante: un millón de catalanes vive (es un decir) con 200 euros o menos al mes. Claro que hace cosa de un año el catedrático Joan Subirats en su Informe sobre la Exclusión Social en Catalunya ya decía que en este país un 20% de la población vive por debajo de lo que en términos que usa la ONU para definir sociedades del Tercer Mundo se llama "el umbral de la pobreza". Y el incansable profesor Navarro nos recuerda, cifras en mano, que en materia de servicios asociados al Estado del Bienestar (educación, sanidad, enseñanza, pensiones, asistencia social…) Catalunya está históricamente a la cola no ya de Europa, sino incluso de las comunidades autónomas españolas.  Evidentemente, la actitud indiferente de las clases trabajadoras ante el Estatut y su irritación ante los tejemanejes que alrededor de su confección se han ido urdiendo, tienen plena justificación. 

Por lo demás, la parálisis política catalana es de tal calibre que apenas finalizado el período estival, cuando ya es evidente que el impasse no puede prolongarse por más tiempo, la oligarquía catalana ha remitido una carta al President Maragall (y en su nombre, al conjunto de la clase política catalana), instándole a terminar de una vez la confección del nuevo Estatut y, en definitiva, a "fer bondat" (portarse bien y dejar de enredar). La misiva la firman los presidentes de las patronales catalanas, encabezadas por la "patronal de patronales" Foment del Treball, secundados por sus organizaciones de encuadramiento socioprofesional más destacadas: la Cambra de Comerç, el Cercle d’Economia, y resto de agrupaciones oligárquicas. Es decir, estamos ante un toque de aviso en toda regla. Más de uno y más de dos habrán tomado nota de que o espabilan o quienes realmente mandan pueden devolver toro y toreros a los corrales.

 

La aparición en escena de la oligarquía local asumiendo el papel de portavoz de la "sociedad civil catalana", no servirá con toda probabilidad más que para arruinar el poco crédito que le quedada al (por el momento) non nato Estatut. A los ojos de muchos, esa intervención refuerza la tesis de que el dichoso Estatut es cosa de "ellos"; y "ellos" en este caso ya no son ni siquiera los nacionalistas políticos, sino el selecto grupo de los responsables y beneficiarios directos de esas cifras de explotación y exclusión social a las que aludía antes.

 En síntesis, parece evidente que la gran mayoría de los catalanes puede continuar viviendo (y sobreviviendo) con Estatut d’Autonomia y sin él. Y también que hay vida más allá del futuro Estatut, como la ha habido en tanto ha estado vigente el actual, y como la hubo desde mucho antes de que nadie pensara siquiera en la existencia de los Estatutos de Autonomía.