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Caso Almería 2: La impunidad no puede prevalecer

Como se anticipaba en este blog hace algunos días, Gran Bretaña está a punto de adoptar una copia de la Patriot Act norteamericana. Blair ha sido contundente al respecto:  "Que nadie dude de que las reglas del juego han cambiado", afirmó el viernes día 5 de agosto el primer ministro británico refiriéndose a la presentación de un paquete de medidas que supuestamente servirán para combatir a quienes representen una amenaza para la seguridad de Reino Unido. El problema radica en qué entienden Blair y su gente por "amenazas a la seguridad", y en quienes son los protagonistas de esas amenazas según ellos. Tony Blair fundamenta este despliegue en un supuesto convencimiento de principios: "Creo que cualquier ciudadano extranjero que fomente el odio y la violencia debe salir del país". De aplicar estrictamente tal filosofía, el premier británico debería comenzar por tomar medidas inmediatas contra los ciudadanos estadounidenses que desde suelo británico pregonan y trabajan por el "Choque de Civilizaciones", y para ser consecuente hasta el final, debería prohibir la entrada en el Reino Unido a personajes como George Bush y José María Aznar, que tanto han hecho y tanto hacen por la extensión del odio y la violencia en el mundo.  Pero naturalmente, es más que dudoso que Blair pretenda contribuir a la pacificación mundial por la vía de la racionalidad. Sus planes parecen ser más bien otros: "La gente entenderá ahora que cuando advertíamos sobre la amenaza terrorista no estábamos tratando de asustar, era algo real", añadió. Interesante aportación del político inglés al discurso de sus críticos: por primera vez Tony Blair reconoce en público, explícitamente y de modo nada velado, que en su propio país mucha gente opina, o al menos opinaba hasta hace poco, que el terrorismo islámico no es más que una ficción gubernamental "para asustar"… Había pues que convencer a la población de que la amenaza es seria. Se supone que los muy oportunos bombazos en el Metro y los autobuses londinenses han ayudado decisivamente -y en curiosa coincidencia, por lo demás- a la extensión de ese convencimiento popular. Conseguido ese efecto, había que combatir la "amenaza" con todos los recursos posibles. De momento, como decía al principio, el premier británico ha puesto sobre la mesa una batería de doce medidas que espera apruebe el Parlamento a la mayor rapidez posible (incluso convocándolo en pleno período de vacaciones estivales, si se estimara preciso). Entre las 12 medidas que propone Blair y relaciona EL PAIS de 6-8-2005, brillan con luz propia las siguientes (cito textualmente):  – "La ampliación de los poderes del Gobierno para privar a los ciudadanos de la nacionalidad británica o de la doble nacionalidad si actúan contra los intereses del país" (naturalmente será el Gobierno, asesorado por la policía y los servicios secretos, quien determinará a quién y en qué casos se privará de la nacionalidad en función de esos "intereses del país", que ellos mismos definirán obviamente. Una puerta abierta pues a toda clase de abusos).  – "La elaboración de una lista de páginas web y librerías, así como de otros centros y redes de acción extremistas" (como en el caso anterior ¿quién determinará qué webs y qué librerías son "extremistas", y quién definirá el concepto mismo de "extremismo"? A todas luces, un Gobierno enfeudado a las decisiones de los neocons norteamericanos, asesorado además por unos servicios secretos de reputada ideología ultraderechista). – "La reforma de la Ley de Derechos Humanos por la cual Reino Unido se sumó a la Convención Europea de Derechos Humanos, en caso de que los planes del Gobierno sean obstaculizados por esta ley" (un paso de gigante en el proceso de construcción de un verdadero Estado policial, totalitario y ajeno a las tradiciones democráticas europeas).   – "Tipificar como delito la justificación o la apología del terrorismo" (obviamente, denunciar o criticar la fascistización del Estado británico acabará incurriendo más pronto o más tarde en ese nuevo delito "tipificado" ex-profeso).  – "Revisión de las condiciones para la obtención de la ciudadanía británica" (medida que viene a dar respuesta a una de las obsesiones de la derecha occidental: cómo cerrar la puerta a la inmigración, y sobre todo cómo evitar que ésta contamine los "países de acogida" al adquirir los mismos derechos y ventajas de los que disfrutan los ciudadanos blancos fuera de toda sospecha).  Como complemento, el fiscal general propone resucitar el delito de "traición a la Patria", creado durante la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, la idea de que estamos en guerra y de que en tiempos de guerra toda crítica es colaboración con el enemigo, se va abriendo paso sin dificultad entre políticos, policías y juristas británicos. Evidentemente si Blair plantea esta legislación –tallada en la más pura línea de la Patriot Act norteamericana-, es porque sabe que cuenta con apoyos suficientes para tirarla adelante en las instituciones. Gerald Howarth, diputado conservador, reclamaba que se vayan del país no sólo los "extremistas" llegados de fuera sino también los nacidos en el Reino Unido: "Si no guardan lealtad a este país, que se vayan". Es una opinión muy extendida en la clase dirigente y sectores pudientes de la sociedad, pero también en sectores populares que –ahora sí- están atemorizados ante la oleada de atentados, y por tanto ya son receptivos a medidas como éstas. Decía hace unos días el jefe de la policía metropolitana de Londres: "La policía no perderá el tiempo registrando los bolsos de ancianas blancas". Semejante estupidez, que quintaesencia el racismo y la cortedad mental de quienes se supone que en el Reino Unido tienen estos días la responsabilidad de proteger a sus conciudadanos, descubre a los destinatarios primeros de tales medidas: los inmigrantes de piel oscura y cultura diferente a la supuestamente propia de la Europa cristiana. Pero no nos engañemos: si no les impedimos aplicarlas, y por tanto no logramos evitar que subviertan el Estado de derecho, detrás de ellos iremos en breve todos nosotros, es decir, todos aquellos que por nuestra condición de críticos con el sistema dominante somos, a ojos de estos sayones, "extremistas" que según ellos "justificamos" el terrorismo. Si les dejamos actuar, pronto será delito criticar a los Tonys Blairs, a sus secuaces, y en general a quienes por acción, omisión o simple incapacidad, según casos, están contribuyendo a la extensión de esta ola de locura asesina que se ha dado en llamar "terrorismo islámico".  Y detrás nuestro, irán todos los demás, es decir, el conjunto de los ciudadanos fuera de todo sospecha, cuyos derechos serán cercenados y pisoteados en aras de la "seguridad colectiva" gracias a leyes como éstas. Porque de eso se trata: de defender la libertad de todos frente a quienes quieren aherrojarla.