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Adiós al Carmel

Las conclusiones de la comisión parlamentaria creada para la investigación del hundimiento habido en el barrio del Carmel de Barcelona (ocurrido durante la construcción de un túnel de maniobras para una nueva línea del Metro), no han podido ser más decepcionantes ni, probablemente, más distantes con la realidad de las cosas.

 

En suma, se viene a decir, lo sucedido ha sido una desgracia probablemente inevitable, y aunque se han observado algunos errores en los procesos de adjudicación y ejecución de la obra, no hay nada ilegal en todo ello ni se pueden derivar responsabilidades de carácter judicial. En el terreno de las responsabilidades políticas, éstas han quedado circunscritas al cese o dimisión de dos cargos de bajo nivel. Las administraciones han pagado lo que creen un precio justo en concepto de indemnización a los afectados, y el asunto puede darse por resuelto y cerrado.

Tales conclusiones cuentan con el apoyo del actual Gobierno Tripartito y, obviamente, con el de CiU, la coalición de la derecha nacionalista que ha gobernado Catalunya durante el último cuarto de siglo. Sólo se ha manifestado en contra el PP -que durante la última legislatura catalana sostuvo al gobierno nacionalista en minoría-, en una muestra más del cinismo y oportunismo de esa fuerza política: ningún otro partido en toda España ha estado nunca implicado en tantos y en tan cuantiosos escándalos político-financieros como el que abandera los intereses de la derecha española. Y sin embargo, en el caso del Carmel los "populares" se rasgan las vestiduras y dan voces como si fueran vírgenes violadas.

 

Silenciar el escándalo del Carmel obliga, naturalmente, a silenciar el otro gran escándalo de la temporada, conocido precisamente a consecuencia suya: el de las comisiones del 3%, presuntamente cobradas por la Administración nacionalista sobre toda obra pública ejecutada en Catalunya entre 1980 y 2003. Aunque en realidad el asunto del 3% fue liquidado por consenso de todos los partidos apenas apareció, en una vergonzosa sesión del Parlament de Catalunya que debería ocupar lugar destacado en los anales de la fullería parlamentaria, quedaba la esperanza de que al menos desde instancias judiciales no se dejara desactivar el caso. Sin embargo, y a pesar de que varios empresarios han declarado ante un juez haber pagado ese soborno (uno de ellos habló incluso de pagos del 20% en las postrimerías del mandato de CiU, espectacular aumento presuntamente exigido por los perceptores del soborno en razón del próximo fin de sus rentables actividades), no parece que las investigaciones hayan avanzado mucho. En todo caso, lo que ha quedado claro es la firme voluntad de la clase política catalana de evitar que se profundice en él; naturalmente, los medios de comunicación del país, oficiales o privados, han colaborado con su silencio a que así sea.

 

Los vecinos del Carmel han cobrado o están en vías de cobrar, y por tanto su silencio parece igualmente garantizado. Al cabo, todavía pueden dar gracias por haber sacado algo. A fin de cuentas ¿quiénes son ellos y sus intereses puestos en comparación con los superiores intereses colectivos del país, cuando es sabido que éstos coinciden milimétricamente con los de las élites que lo rigen?.

 

La "sociedad civil catalana" puede pues dormir tranquila: su responsabilidad está a salvo y sus negocios, también. La obra pública continuará licitándose en Catalunya exactamente igual que antes, pero ahora se hablará aún menos de ella y de las circunstancias que la envuelven. Las obras continuarán ejecutándose con un grado de chapuza semejante, porque nadie va a remediar la improvisación, la incompetencia técnica y el robo descarado en cantidad y calidad de materiales. Como resultado, tras el breve sobresalto, los beneficios continuarán afluyendo con el mismo ritmo de siempre a los bolsillos acostumbrados.

 

Por suerte en esta ocasión no ha habido ningún fallecido. Quizá la próxima vez sí lo haya; aunque me temo que las cosas que pasen después no sean muy diferentes de las que han pasado ahora.