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Déficit, mentiras e intereses de clase. La financiación autonómica, un falso debate territorial

El problema de la financiación autonómica no tiene un origen político, sino eminentemente social. Toda administración existe en la medida en que presta servicios a sus administrados; no hay otra justificación de su existencia, por más que se suela teñir de ideología este hecho. Pero ocurre que las administraciones autonómicas en España a menudo han marginado ese papel, traspasando los recursos que en principio deberían destinarse a la prestación de servicios a otros campos, que garantizan mejor a los gobernantes una mayor proyección política y un mayor control social.

 

Es así como las comunidades autónomas han llegado a ser verdaderos pozos sin fondo en cuanto a su capacidad de absorción de recursos humanos y financieros, sin que paralelamente se haya producido un crecimiento significativo de la cantidad y sobre todo de la calidad de los servicios que prestan. En última instancia, es la calidad de vida de los ciudadanos lo que está siendo preterido en función de otros intereses más mezquinos.

Es por ello que el debate sobre el control de los recursos financieros que enfrenta a quienes administran el Estado con los dirigentes políticos y "fuerzas vivas" de las comunidades autónomas españolas, especialmente en el caso de Catalunya, va ganando en virulencia lo que está perdiendo en racionalidad. Necesitan cada vez más dinero, y ya resulta difícil seguir sacándolo del destinado a la prestación de servicios cada vez más escuálidos.

 

Suele decirse que todo el sistema de financiación autonómico está en crisis, y que el déficit que genera amenaza con paralizar a medio plazo la maquinaria administrativa de la mayoría de las comunidades autónomas. Y realmente es así. En los últimos tiempos la resolución de este problema se ha convertido en objetivo prioritario para cada uno de los gobiernos autónomos, cuya necesidad de liquidez con la que hacer frente a los gastos corrientes (especialmente en el capítulo de personal) y en inversiones (principalmente las de carácter infraestructural), viene multiplicándose de modo exponencial y sin solución de continuidad desde los años noventa del pasado siglo. En aquellos años, al socaire del saneamiento de la macroeconomía española producido a mediados de los ochenta y de la aceleración del proceso de descentralización administrativa, las autonomías españolas dieron el salto hasta transformarse en lo que hoy son: maquinarias complejas, de tamaño a menudo sobredimensionado y casi siempre enfeudadas al clientelismo social de las respectivas élites gobernantes en cada autonomía.

 

El ejemplo catalán es el más conocido, probablemente por ser el más escandaloso. La élite política catalana, eficazmente secundada por la "sociedad civil" del país (es decir, por los sectores de la burguesía catalana más dinámicos, organizados y eficientes en la promoción y defensa de sus intereses de clase), ha reivindicado desde la misma restauración de la Generalitat la posesión de instrumentos financieros que le permitan sufragar su proyecto de "Estado sin soberanía". Mantener este clon a escala de un aparato estatal, nominalmente vinculado al Estado español pero con mayores competencias en gestión de la vida cotidiana de sus administrados que muchos Estados independientes con escaño en la ONU, ha resultado una aventura extraordinariamente cara para los contribuyentes catalanes, es decir, para las clases medias y trabajadoras.

 

Naturalmente, tal situación produce insatisfacciones. A la irritación de los contribuyentes catalanes ante los magros resultados en servicios públicos que obtienen de su administración autonómica, se responde invariablemente que la culpa es exclusivamente de "Madrid", es decir, de la administración estatal. "Madrid" no sólo sería incapaz de resolver los desequilibrios territoriales entre comunidades autónomas, sino que estaría esquilmando a los catalanes con su voracidad recaudatoria.

  

Semejante planteamiento olvida interesadamente que:

  

1. A pesar de los esfuerzos hechos para convencernos de que la sociedad española contemporánea ha alcanzado un nirvana en el cual todos somos "clase media" y tenemos intereses idénticos, los hechos siguen siendo tozudos y apuntando en la dirección contraria. En realidad, los desequilibrios entre clases sociales en toda España, y aún más en Catalunya, no han hecho sino agudizarse en los últimos años, a pesar de los progresos macroeconómicos…o tal vez por causa de ellos.

 

2. Los desequilibrios se producen siempre entre clases sociales y no entre territorios: Extremadura es presentada como una comunidad autónoma "pobre" aunque una parte de sus ciudadanos figuren entre los más ricos de España, en tanto Catalunya es considerada una comunidad "rica", a pesar de que casi el 20% de los catalanes vive por debajo del umbral de la pobreza. Seguramente tanto Extremadura como Catalunya podrían mejorar notablemente la calidad de vida de sus ciudadanos más desfavorecidos, si existiera un mayor equilibrio entre las rentas personales dentro de cada comunidad, y si existiera, en definitiva, mayor justicia social.

 

3. En lo que se refiere a las transferencias financieras de Catalunya hacia el Estado y hacia otras comunidades autónomas, hay que señalar que éstas tienen origen básicamente –como no puede ser de otra manera en el modo de producción capitalista en que vivimos- en los recursos económicos generados por las clases trabajadoras catalanas vía IRPF, y hasta hoy no se ha visto a éstas manifestarse en contra de tal circunstancia; la resistencia a que se produzcan esas transferencias es una idea alumbrada en las clases medias y altas autóctonas. Para decirlo gráficamente, la gran mayoría de los trabajadores residentes en Catalunya, autóctonos e inmigrantes, seguramente se sienten más satisfechos cuando parte de sus impuestos los destina el Estado a mejorar los accesos a la ciudad de Granada, por ejemplo, que cuando son dilapidados por la administración autonómica catalana en una obra faraónica como el infrautilizado Eix Transversal; es la burguesía catalana quien pierde "oportunidades de negocio" en el primer caso, y quien evidentemente aboga por obras como la segunda.

 

4. Mientras las clases trabajadoras catalanas continúen percibiendo que sus necesidades principales (laborales, educativas, sanitarias y asistenciales) no son prioridades de gasto para la burguesía local en las instancias político-administrativas que ésta ha venido controlando, cualquier intento de esas élites de recabar su apoyo para una confrontación con el Estado en orden a conseguir el control total sobre los recursos económicos generados en el país -incluidos los impuestos-, está indefectiblemente condenado al fracaso.

 

En resumen, si además de expropiar las plusvalías generadas por el trabajo asalariado, la burguesía catalana pretende comenzar a controlar la mayor parte o la integridad de los impuestos que genera ese mismo trabajo asalariado, prestando cada vez menos atención y recursos al raquítico Estado del bienestar catalán actual, no parece razonable que al mismo tiempo espere apoyo político de los directamente perjudicados, las clases trabajadoras, por mucho que agite el espantajo patriótico; hasta hoy, en Catalunya todo progreso en el desarrollo del Estado del bienestar y sus servicios ha provenido del Estado central y de los ayuntamientos, nunca del gobierno autónomo catalán.

 

Lamentablemente, cuando tras el cuarto de siglo en que ha gobernado la derecha nacionalista catalana por fin un gobierno de centro-izquierda, el Tripartito, ha accedido al poder en Catalunya, apenas se han notado cambios significativos en ese estado de cosas. Tras un año de gobierno, el Tripartito catalán –basado en una alianza entre las representaciones políticas de las clases trabajadores y de la pequeña burguesía-, continúa insistiendo en los viejos tics ideológicos de raíz patriótico-populista de la derecha catalana, acompañados de una muy escasa obra de gobierno. Para desencanto de muchos, se confirma así que las élites catalanas, sea cual sea su posición en el arco político, cuando gobiernan prodigan más la gestualidad patriótica que los hechos en política social.

 

Y sin embargo cada día que pasa urgen más medidas tangibles que mantengan una cohesión que comienza a dejar paso a una profunda fractura social entre clases. Los datos son elocuentes, y no es difícil encontrarlos: en su libro "Bienestar insuficiente, democracia incompleta" (XXX premio Anagrama de Ensayo, publicado por editorial Anagrama, Barcelona, 2002), el catedrático Vicenç Navarro ofrece cifras concretas que dan idea de la dimensión de esa fractura.

 

Un dato sorprendente es que en muchas áreas de contenido social, la situación en Catalunya no sólo está abiertamente por debajo de la europea sino también de la española. Y son aspectos en los que el gobierno catalán tiene competencia plena desde hace muchos años.

 

En educación por ejemplo, el gasto público de la Generalitat por alumno en la escuela pública es menor que el español. En cambio, la Generalitat gasta muy por encima de la media española en subvención a la escuela privada (la más alta de España). Naturalmente, los perjudicados son las familias con menos renta, ya que las que tienen mayores recursos llevan a sus hijos a la enseñanza privada.

 

En sanidad, la situación es semejante. Catalunya y Galicia son las dos comunidades más retrasadas en la reforma de la atención sanitaria primaria. El 43 % de los catalanes (el 56% de los barceloneses) todavía es atendido en los viejos consultorios de la Seguridad Social, en los que el tiempo de visita médica por paciente es el más bajo de todo España. En el conjunto de España salvo Catalunya y Galicia, es ya el 79% de los pacientes los que son visitados en los nuevos centros de atención primaria, donde se les destina además mucho más tiempo por visita. De nuevo, los perjudicados en Catalunya son las familias con menores ingresos, pues los que tienen mayores recursos acuden a la medicina privada.

 

En el desarrollo de servicios de ayuda a la familia (cuidado de niños, de ancianos y discapacitados), Catalunya y el resto de España están muy per debajo de la media de la UE. En ayuda domiciliaria y creación de escuelas de infancia, Catalunya está a la cola de las comunidades autónomas españolas. Son las familias trabajadoras, una vez más, quienes han de asumir con sus propio esfuerzo y recursos la atención y protección de aquellos de sus miembros que requieren cuidados especiales.

  

En protección de la salud de la población y específicamente de la salud laboral, Catalunya está igualmente por detrás de la mayoría de comunidades españolas. El número de muertos y accidentados por cada 10.000 trabajadores en Catalunya, es muy superior a la media española y a la media de otras comunidades con estructuras demográficas y ocupacionales semejantes; la alta siniestralidad laboral desvela un mercado de trabajo precario, irregular, y carente de condiciones, con niveles de explotación laboral que hacen retroceder varias décadas los avances sociales alcanzados a partir de los años setenta. Cómo se afronta esa situación desde la Generalitat lo refleja el hecho de que desde 1995, en Catalunya no existen muertes por enfermedades laborales: sencillamente dejaron de publicarse los datos oficiales.

 

Situaciones como las descritas no aparecen en los medios de comunicación catalanes, que por el contrario prefieren centrarse en el tema de la identidad y la reivindicación nacional. El espacio social catalán, aquél que ocupan las clases populares, sencillamente es inexistente en los medios y en el discurso político.

 

Si el debate sobre la financiación autonómica no atiende a estas realidades, se convertirá en una nueva mascarada mediante la cual la burguesía catalana allegará nuevos recursos financieros con los que continuar desarrollando su proyecto de dominación social, sin reservar más que migajas para quienes con su esfuerzo cotidiano contribuyen decisivamente mediante su trabajo y sus impuestos a la existencia de un país del cual otros extraen los beneficios.

 

Este es el verdadero desequilibrio catalán: el déficit social, oculto por voluntad de las élites dominantes.