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¿Negociar con ETA?

A mediados de los años noventa se estableció un acuerdo entre todas las fuerzas democráticas españolas, incluidos los nacionalistas vascos, por el que se definía una respuesta común frente al terrorismo de ETA.

 

Ese acuerdo recibió el nombre de Pacto de Ajuria Enea, y se basaba en dos principios muy sencillos: el primero, que las fuerzas democráticas en el gobierno y en la oposición nada tienen que negociar políticamente con los terroristas, y sí por el contrario entre ellas, en orden a concertar todos los esfuerzos posibles, políticos y policiales, para terminar con ETA; el segundo, que una vez que la organización terrorista reconociera su derrota, entregara las armas y abriera el camino hacia su desaparición, habría que hacer un esfuerzo para garantizar la reinserción de sus efectivos y afines.

En realidad el pacto de Ajuria Enea no inventaba nada nuevo. Ya a principios de los ochenta, el gobierno de la UCD y ETA (p-m) pactaron la desaparición de esta organización terrorista minoritaria. Sus antiguos integrantes se incorporaron a la vida política normal del país; tanto es así, que algunos de ellos hoy militan en partidos de izquierda de ámbito español. A lo largo de la historia de la rama mayoritaria de ETA, por otra parte, muchos de sus ex miembros han terminado por evolucionar en parecida dirección: Teo Uriarte, Mario Onaindía, y otros dirigentes de la ETA del Juicio de Burgos (1970), son hoy dirigentes del PSOE vasco (Onaindía fue el senador más votado de la historia en el País Vasco y presidente de los socialistas vascos hasta su muerte). Algunos incluso evolucionaron hacia la derecha española, y han llegado a ocupar cargos públicos durante el gobierno de José María Aznar.

 

En Ajuria Enea participó, obviamente, el Partido Popular. Durante el primer cuatrienio de Aznar (1996-2000), cuando gobernó en minoría apoyándose en los parlamentarios nacionalistas vascos y catalanes, el PP mostró interés en acabar con el terrorismo vasco de una forma negociada. Tanto es así que Aznar –a quien ETA había intentado matar unos años antes- impulsó unas negociaciones en Suiza con la banda terrorista, en las que por parte gubernamental partiparon Javier Zarzalejos (hombre de confianza de Aznar en los servicios secretos, y hermano del director del periódico derechista ABC), y Pedro Arriola, asesor áulico en aquellos años de Aznar y esposo de la entonces ministra Celia Villalobos). En aquél tiempo Aznar llegó a referirse a ETA como "Movimiento Nacional de Liberación Vasco", apelación con la que se autonombraba la banda terrorista y su entramado de organizaciones de apoyo. Las negociaciones fracasaron, como es sabido.

 

En el segundo cuatrienio de Aznar (2000-2004), el PP gobernó con mayoría absoluta. Por tanto, la derecha española pudo prescindir de los apoyos nacionalistas que habían sostenido su frágil mayoría en la legislatura anterior, y una vez liberada de ataduras, mostrar su verdadero rostro. Descartada cualquier posibilidad de negociación con ETA, el PP se embarcó en una dura confrontación no ya con el entorno sociopolítico del terrorismo, sino directamente con los nacionalistas vascos. El acoso al PNV, al que el Gobierno Aznar llegó a proclamar en público cómplice de ETA, terminó por liquidar de facto el Pacto de Ajuria Enea.

 

Es conocido que durante esos años la acción policial, sobre todo a partir de la intensificación de la colaboración francesa, puso a ETA contra las cuerdas (en realidad ETA ya había estado contra las cuerdas en 1992, cuando toda su dirección fue capturada en Francia, pero en aquél entonces fue precisamente el PP quien la resucitó por razones de estrategia política: el escándalo del GAL y la ofensiva mediática en torno a él fue, fundamentalmente, obra del PP y sus voceros, y contribuyó decisivamente a allanar su camino hacia el poder). Quizá Aznar pensó que podía acabar con ETA simplemente aniquilándola por vía policial; en todo caso actuó solo, buscando exclusivamente el beneficio político partidista propio, convirtiendo con todo desparpajo la lucha antiterrorista en instrumento de confrontación política primero con los nacionalistas, vascos y no vascos, y luego con la izquierda española. Las tensiones políticas y sociales de tal proceder aún subsisten un año después de que el PP perdiera el poder, y amenazan con prolongarse indefinidamente dada la obstinación de la derecha española en perserverar en esa actitud.

 

Lo cierto es que ETA está prácticamente fuera de combate, aunque conserve cierta infraestructura y algunos militantes. Su capacidad operativa es hoy muy reducida pero todavía puede dar disgustos, especialmente si en el seno de la organización se producen enfrentamientos en relación con el futuro del grupo. También su base social está a la defensiva, pero –y ése es el principal dato del problema- sigue existiendo, con tozuda voluntad de permanecer; a pesar de todo lo que ha caído, en las últimas elecciones al parlamento vasco los proetarras mantuvieron 150.000 votos, un 10% del total. Cómo civilizar –en la doble acepción del término- a toda esa gente, es precisamente la clave de un futuro en paz para Euskalherria.

 

En esa búsqueda de las condiciones que propicien la desactivación total del mundo de ETA, y a propuesta del PSOE, todo el parlamento español salvo el PP acaba de aprobar una resolución que insta al gobierno a abrir un proceso de negociación "no política" con ETA. Se trata de explorar vías a través de las cuales facilitar la desmovilización efectiva del grupo terrorista, sin comprometer evidentemente el ámbito político, y por tanto, sin concesiones que puedan alentar a éste o a otros grupos de cualquier ideología a buscar en el futuro ventajas por la vía del terrorismo. El final de ETA, por el contrario, debe servir para dejar claro que enfrentarse al Estado democrático usando el terrorismo como medio de acción no solo es un delito, sino que conduce inexorablemente a la derrota. Que una vez asumida esa derrota y en aras a la pacificación se puedan hacer concesiones de tipo personal o de grupo a fin de facilitar la reinserción social, es precisamente la materia de la negociación que ahora se propone.

 

En resumen, hemos vuelto a Ajuria Enea, aunque esta vez el PP ha optado por marginarse de un acuerdo que, ahora sí, incluye a todos los demás. ¿Durante cuánto tiempo el partido de la derecha española podrá seguir solo en ése y en otros temas fundamentales? Probablemente no mucho más allá de unos meses, cuando se haya consumado la pérdida de su último bastión, el gobierno autónomo de Galicia, y un congreso extraordinario deba elegir un nuevo equipo dirigente, poniendo punto final a la radicalización nacional-populista del aznarismo, o por el contrario, ratificándola y precipitando al partido hacia su desaparición.

 

Resistencias al proceso recién inaugurado las hay en todas partes. Un sector minoritario de los socialistas vascos sigue apostando todo a la vía policial y a la colaboración política con el PP; pronto se van a ir o les van a expulsar, pero sus posiciones reflejan de algún modo un sentir cuantitativamente importante aunque minoritario en el socialismo español, y más allá, en la propia sociedad española; en cierto modo, necesitan a ETA para seguir afirmándose en su identidad ideológica. Por razones contrarias, pero en el fondo coincidentes, en el PNV y por extensión en el nacionalismo democrático vasco, hay quien mira con recelo el fin de ETA por considerar que abrirá el camino a una españolización imparable de la política y la sociedad vascas. Entre unos y otros, mucha gente que desea y apoya una salida razonable mira perpleja movimientos políticos que no acaba de entender, movimientos que a menudo se pretenden hacer pasar por estratégicos cuando apenas son escarceos tácticos sin mayor profundidad.

 

Aún así, y aún siendo grande el riesgo –hay que tener presente siempre qué clase de gente hay enfrente, al otro lado de la mesa-, vale la pena intentarlo; los escrúpulos son muchos, obviamente, y habrá que taparse la nariz y contener las náuseas. Pero en este país y en aras a consolidar un sistema democrático viable, el pueblo español y sus representantes han hecho esfuerzos y sacrificios mucho más importantes y duros que pactar el final de ETA. Si desde que se inauguró la democracia en 1977 el franquismo "sociológico" ha podido seguir disfrutando en garantizada impunidad de cuanto robaron, a pesar de haber provocado una guerra civil que costó medio millón de muertos, otro medio millón de exiliados y quizá otros tantos encarcelados…¿Cómo se le va a negar ese borrón y cuenta nueva al "etarrismo sociológico" una vez dejen las armas sus "militares" (terroristas, al igual que los del 18 de julio de 1936), cuya letalidad y rapiña han sido notablemente inferiores en comparación con las franquistas?.

 

Decía Zapatero que lo contrario del terrorismo es la paz. Creo sinceramente que no es así: lo contrario del terrorismo es la libertad. Precisamente esa libertad que muchos ciudadanos vascos no pueden disfrutar ahora porque en razón de sus ideas son candidatos a un tiro en la nuca, a una bomba en los bajos de su coche, o a ser agredidos ellos o sus bienes por "incontrolados" perfectamente identificables. Sin que todos los ciudadanos alcancen esa libertad, no puede haber paz.

 

Ganar la libertad para todos es pues la apuesta actual. Y merece la pena.