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Blanqueo de dinero y negocios inmobiliarios en la Costa del Sol

Hace ya bastantes años, en el transcurso de una entrevista que le hicieron en Televisión Española, vi al músico Xavier Cugat explicar con toda tranquilidad que al comienzo de los años sesenta, la Mafia norteamericana –para la cual Cugat siempre se vanaglorió de haber trabajado como artista digamos exclusivo-, le envió a la Costa del Sol española, que por esos años comenzaba a convertirse en destino turístico de relevancia, para explorar las posibilidades de que el crimen organizado de EEUU se introdujera en los grandes negocios inmobiliario-urbanísticos que allí comenzaban a generarse.

 

Decía Cugat que después de lo que vio durante su misión, volvió a EEUU tan espantado que les dijo a sus jefes que ni se les ocurriera meterse allí: los gánsters que manejaban los negocios en la Costa del Sol –los prohombres del régimen franquista y sus asociados- eran infinitamente más peligrosos que la Mafia norteamericana.

Los cuarenta años transcurridos no han hecho sino acentuar aquella primera impresión que tuvo alguien que sabía de qué hablaba. El "desarrollo turístico", concretado en una explosión de cemento que ha arrebatado el espacio público invadiendo playas y tierras comunales y llenándolas de hoteles y apartamentos construidos a toda prisa, sigue creciendo y devorando cuanto encuentra a su paso. De hecho, toda la costa andaluza y buena parte de la mediterránea se han convertido en un continuo de edificaciones ligadas al turismo, habitadas de modo permanente o temporal por poblaciones fijas o flotantes tan disparatadamente crecidas, que no hay administración pública que pueda facilitarles los recursos e infraestructuras que necesitan. No es extraño así que pueblos, costumbres, modos de vida y hasta ecosistemas enteros hayan desaparecido o se vean amenazados por la voracidad y la falta de escrúpulos de empresarios y políticos a su servicio. En el apartado medioambiental, el impacto ha sido terrible: los ejemplos son legión, y van desde el intento de liquidar las marismas de Doñana o los Aiguamolls del Empordà en los años setenta y ochenta, al reciente intento de conversión de buena parte de la región de Murcia en una gigantesca red de campos de golf y macrourbanizaciones asociadas a ella.

  

La joya de la Corona de ese estercolero ha sido históricamente Marbella. Desde que en los años sesenta fue elegida como residencia por un grupo de famosillos internacionales –la jet set-, relacionados con conocidos jerarcas franquistas y vinculados a la promoción de determinados negocios más o menos legales –desde los inmobiliarios especulativos a otros aún más oscuros-, Marbella se ha ido convirtiendo en una cuadra de lujo donde todo es posible. El asalto a la alcaldía marbellí que protagonizó en su momento Jesús Gil, el promotor inmobiliario madrileño responsable de la tragedia del hundimiento de Los Angeles de San Rafael, impuso en Marbella ya sin rebozo alguno la ley de los gánsters. Jesús Gil no fue nunca otra cosa que un testaferro de grupos internacionales mucho más peligrosos que él; durante su gestión municipal, las mafias italianas y rusas camparon a sus anchas primero por Marbella y luego por toda la Costa del Sol. En ese contexto, la expansión del partido que creó Gil fue el paraguas bajo el que políticos venales clónicos del gánster madrileño fueron ampliando los negocios de éste, de sus asociados y de sus superiores, hasta adquirir una alarmante preponderancia en toda la costa malagueña que, a pesar del acoso judicial y la muerte del fundador de aquél remedo de taifa gansteril, aún no se ha extinguido del todo.

 

Para terminar de situar el contexto, hay que recordar que Marbella se encuentra muy cerca de Gibraltar. No es un detalle nimio. Sabemos que Gibraltar –un lugar donde hay residenciadas más empresas que habitantes, siendo la mayoría de ellas poco más que un teléfono y una dirección postal compartida-, es probablemente uno de los centros mundiales de blanqueo de dinero negro procedente de los más variados negocios ilegales. Sabemos también que hasta fecha muy reciente las autoridades británicas han cerrado los ojos ante esa situación, que sin cargo al presupuesto de la Gran Bretaña, ha facilitado un modo de vida espléndido a los habitantes de la colonia.

 

Las conexiones entre Marbella y Gibraltar son otro de los secretos a voces en toda la costa andaluza. En todo caso, parece que ahora por primera vez se aborda el problema en toda su dimensión real: la batida del Fiscal Anticorrupción para la Costa del Sol, especialmente comisionado por el gobierno Zapatero, ha arrojado un primer saldo de más de cuarenta detenidos, entre ellos conocidos abogados y notarios de la zona. Por primera vez los detenidos no son simples empleados o delincuentes de poca monta, sino gente situada en lugares estratégicos en la cadena de la corrupción. Según el propio fiscal, "lo peor no ha llegado todavía", es decir, que saldrán nombres más arriba de los conocidos ahora. Que entre las empresas que lavan dinero en Marbella haya aparecido el nombre de la petrolera rusa Yukos (de quien se ha escrito que extrae más petróleo diariamente que Libia), da idea de las proporciones que tiene el caso.

 

Por primera vez, parece que un gobierno español está actuando en serio y moviendo sus recursos para acabar con un estado de cosas que viene prolongándose durante décadas, pero que en los años de gobierno de Aznar adquirió dimensiones alarmantes, tanto por las implicaciones que se están descubriendo ahora como por la nula actuación de los poderes públicos de entonces contra ese estado de cosas.

 

Pero las acciones judiciales por sí solas no acabarán con el problema, si paralelamente no se produce un despliegue político que ataje las actuaciones urbanísticas ligadas a esos intereses que ahora se empiezan a perseguir. En ese sentido, la estricta aplicación de la Ley de Costas, la revisión de la totalidad de los planes urbanísticos de los municipios costeros y próximos a la costa, y la cancelación de "promociones inmobiliarias" de carácter especulativo situadas en esos entornos geográficos, complementarían la labor de la justicia. Porque lo que está meridianamente claro desde hace muchos años es que la especulación inmobiliaria y urbanística en las costas españolas está tan íntimamente ligada al blanqueo de capitales, que en realidad son dos aspectos de la misma cosa.