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El final del Plan Ibarretxe y el futuro del autogobierno vasco

Contra lo que podría suponerse visto el guirigay organizado por la derecha española y los medios que la jalean, el plan Ibarretxe nace muerto.

  

En realidad, y al margen de la votación producida en el Parlamento vasco, el Plan Ibarretxe ya estaba muerto desde hace meses; son conscientes de ello el propio lehendakari y sus mentores políticos, y también sus adversarios dentro y fuera del PNV. La apuesta sólo se sostenía ya como instrumento de negociación con el Estado, y su destino era servir como moneda de cambio que permitiera avanzar más allá del marco que señala actualmente el Estatuto de Gernika (desbordar el estatuto vasco vigente es casi una cuestión de honor para el sector independentista del PNV); pero esa superación nunca se ha planteado al precio de romper la cristalería, al menos a corto y medio plazo.

 

Quien le haya dado una simple ojeada al Plan Ibarretxe verá que no hay nada en él que avale el histerismo de los nacionalistas españoles, en el sentido de que dicha propuesta política sea el vehículo hacia la independencia inmediata del País Vasco. Muy al contrario, el documento plantea de manera cuidadosa una relación de tipo confederal, cuya característica principal es recuperar y actualizar el sistema de lealtad mutua pactada entre los antiguos territorios vascos y Castilla; una relación que se basaba en el reconocimiento por el Estado (cuya representación antiguamente era asumida directamente por el monarca castellano) de una realidad distinta pero vinculada por pactos estables (que en tiempos se renovaban en cada jura real en Gernika). Esa es la base conceptual que el Plan intenta poner al día.

  

Se podrá opinar lo que se quiera sobre la viabilidad y conveniencia de tal propuesta, pero distorsionarla en el sentido que se ha hecho no sirve más que para generar confusión. En modo alguno desde el nacionalismo vasco (descartada ETA-Batasuna) se ha apostado por una independencia que hoy por hoy saben imposible. Poderosas razones externas al propio Estado español juegan en contra, e impedirían con absoluta contundencia y eficacia la secesión de cualquier territorio integrado en un Estado del ámbito de Europa Occidental.

  

Por tanto, en el corto y medio plazo, la única vía posible para establecer una mayor cota de "soberanía político-jurídica vasca" –entendida naturalmente como el predominio y control del nacionalismo vasco sobre los ámbitos institucionales, económicos, sociales, ideológicos y culturales del País Vasco-, consiste en ensanchar el ámbito actualmente existente, superando el estatuto actual y pactando para ello una nueva –o vieja, como veíamos antes- relación con el Estado. En realidad, el Plan Ibarretxe ni siquiera entierra por completo el estatuto, porque, entre otras cosas, el estatuto de Gernika constituye la base sobre la que se ha desarrollado la representación política institucionalizada y el aparato administrativo vascos actuales.

  

El desánimo existente en los últimos tiempos entre la militancia nacionalista vasca era la señal más evidente de que el Plan Ibarretxe no iba a salir adelante. Podía ser aprobado en el Parlamento vasco por una muy ajustada mayoría, pero no iba a ser refrendado de modo plebiscitario en las elecciones autonómicas vascas de mayo de 2005. Y ello porque el Plan tiene un vicio de origen decisivo: no es una propuesta consensuada y apoyada por el conjunto de la representación política vasca (como se pretende que sea el nuevo estatuto catalán), sino una propuesta emanada directamente del actual gobierno vasco y con apoyo, por tanto, circunscrito exclusivamente al ámbito político de los partidos que lo forman.

  

En ese marco, ETA decidió dinamitar las posibilidades que le quedaban al Plan Ibarretxe como instrumento de negociación entre el gobierno vasco y el gobierno (no ya el Estado) español. El que ETA-Batasuna apoyara la aprobación del Plan en el parlamento vasco fue un auténtico abrazo de oso a la propuesta de Ibarretxe; la puntilla final se la dieron los propios neocarlistas batasunos en esa misma sesión, leyendo en voz alta la carta mediante la cual uno de sus más reputados asesinos exigía que se respetara la voluntad "de todos los ciudadanos vascos"; es una verdadera lástima que la voluntad de todos los vascos asesinados por orden, entre otros, de ese mismo individuo, no pueda ser tenida en cuenta ya.

  

Las motivaciones de los etarras para reventar el Plan Ibarretxe son oscuras y probablemente erráticas, como es habitual en gente acostumbrada a pensar más con el cañón de una pistola que con la cabeza. En el fondo, las complejidades de la política nunca han sido lo suyo. Con todo, aún resultan más difíciles de entender las razones que pueden mover a quienes desde dentro del PNV no sólo no ven con malos ojos ese apoyo espúreo, sino que lo buscan con ahínco desde hace tiempo; seguramente pretenden arrastrar a Batasuna hacia la política, intención loable pero hoy por hoy poco realista. En todo caso, entre unos y otros flaco favor le han hecho a Ibarretxe, y paradójicamente, gran regalo a Josu Jon Imaz y a la actual dirección del PNV, enfrentados con los independentistas del partido. Y es que ETA y su mundo siguen ensuciando cuanto tocan.

  

La campaña político-mediática de la derecha española –a la que se ha sumado gustoso el sector nacionalista español del socialismo vasco-, está potenciando la idea de que hay que meter en cintura a los vascos lo más rápido posible y hacerlo poniendo en juego todos los recursos del Estado, desde los estrictamente jurídicos hasta los de carácter militar. En realidad, quienes tiran de los hilos de todo el escándalo organizado no están buscando la cabeza de Ibarretxe o la de Arzalluz, sino la de Zapatero; es a él a quien señalan, mientras le apremian a tomar medidas coercitivas inmediatas so pena de quedar como un líder débil y pusilánime, incapaz de defender la supuestamente sagrada integridad de España. Así creen cercarle y quitarle la iniciativa.

  

Zapatero, muy inteligentemente, ha planteado la cuestión en los términos correctos desde el lado español. El Plan Ibarretxe seguirá el procedimiento político-administrativo usual establecido (aunque no haya precedente de tramitación similar), y se discutirá y votará en el parlamento español: como no ha habido consenso previo en torno a él, será simplemente rechazado por una muy amplia mayoría. Una vez que ese rechazo parlamentario se haya producido (no antes, como quieren los nacionalistas vascos), se iniciarán conversaciones entre el gobierno español (Zapatero) y el gobierno vasco (Ibarretxe), no entre el Estado español y el gobierno vasco (el matiz es fundamental), y de esas conversaciones saldrán probablemente acuerdos concretos que, dependiendo de la correlación de fuerzas, significarán una reforma en profundidad del Estatuto de Gernika o simples mejoras puntuales en temas pendientes.

  

De aquí a mayo Patxi López y los socialistas vascos tienen una oportunidad extraordinaria para dar a conocer su propia propuesta, y sobre todo para ofrecerla como punto de partida desde el cual se puedan iniciar las conversaciones entre el gobierno vasco y el gobierno español. No parece que en mayo vaya a haber cambios espectaculares en los resultados electorales, salvo que con seguridad los socialistas vascos recuperarán bastantes votos perdidos anteriormente hacia la abstención y hacia el PP, y que el PNV continuará royendo de modo lento pero seguro el espacio que le queda a Batasuna; no son precisamente malas noticias para cualquier demócrata, al contrario.

  

Por tanto no es previsible ningún terremoto político en los próximos meses, aunque la prensa madrileña pretenda extender la impresión de que España entera vive horas agónicas. Simplemente, la política va a continuar su curso, al margen del griterío guerracivilista.