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Ley de la Memoria Histórica: la montaña ha parido un ratón

IzaroNews, 1 de Agosto de 2006

El largo proceso hasta la aprobación de la conocida como Ley de la Memoria Histórica está a punto de culminar. El pasado 28 de julio, el Consejo de Ministros dio forma final y aprobó en primera instancia el proyecto que se remitirá al Parlamento para su aprobación definitiva.

Por si habían dudas sobre la derechización del Gobierno Zapatero, este proyecto de ley viene a despejarlas todas de una tacada. Las concesiones a la derecha postfranquista han desvirtuado de tal modo la idea original de los impulsores de la ley -realizar el pendiente ajuste de cuentas histórico con la versión española del fascismo europeo-, que dicho proyecto ha quedado casi en nada. Es palpable la decepción en IU, ERC y en los sectores de izquierda del PSOE que han estado promoviendo y animando el proyecto, pero sobre todo entre las bases electorales cuya movilización el 14 de marzo de 2004 llevó a Rodríguez Zapatero al poder, y cuya abstención podría desalojarlo de él en una próxima consulta electoral.

Paradójicamente, lo que aleja a Zapatero de sus apoyos naturales -las clases populares y trabajadoras-, es el temor a que el PP le coma terreno electoral acogotando a la ciudadanía con el guerracivilismo más salvaje, pues a cualquier paso dado en la dirección de reivindicar la memoria de quienes lucharon por la libertad y la democracia, responden los postfranquistas con la acusación de que “el Gobierno divide a los españoles”. La grosera búsqueda de la rentabilidad política que hacen Rajoy y su gente, hurgando en el miedo colectivo a un nuevo enfrentamiento civil, no debería ser, con todo, excusa para que la justicia y la verdad dejen de imponerse con la ayuda de los poderes públicos. Porque si se continúa cediendo ante el chantaje de quienes política y socialmente son beneficiarios y herederos de aquél Régimen infame -condenado públicamente en 2006, recordemos, por el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas-, la Transición se prolongará hasta el infinito y este país continuará teniendo una democracia demediada y en libertad vigilada por los siglos de los siglos.

La insatisfacción que produce el proyecto de ley en aspectos claves de la recuperación y promoción social de la verdad histórica -ampliamente conocida y difundida por la historiografía mundial, por otra parte, a pesar de los esfuerzos que últimamente realiza el revisionismo ultraderechista-, ha sido expresada públicamente por personalidades de calidad intelectual y proximidad o identificación con el socialismo español como los catedráticos Javier Pérez Royo, Julio Aróstegui, Gabriel Jackson, José Antonio Piqueras, Antonio Torres del Moral y Miguel Angel Aparicio, que en declaraciones a EL PAIS del pasado 29 de julio coincidían en la “cortedad” de la ley, su “timidez” y su apariencia “incompleta”.

Especial irritación causa saber que la nueva ley no supondrá la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo y por consiguiente, de las condenas a muerte emitidas por ellos y en la mayor parte de los casos, ejecutadas inmediatamente. Declarar esos juicios actos nulos por haber emanado de un Régimen ilegítimo y criminal, es una exigencia que trasciende incluso la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas concretas. Al fin y al cabo esas sentencias constituyen crímenes contra la Humanidad -así han sido catalogadas internacionalmente-, y permitir que continúen teniendo validez legal equivale a consagrar la justeza de los asesinatos ordenados por los sayones uniformados del Régimen. Es decir, equivale a matar por segunda vez a las víctimas.

Un segundo motivo de decepción proviene del hecho de que el actual proyecto, que obliga a la Administración del Estado a velar por la erradicación de los símbolos franquistas en los ámbitos de su competencia, solamente “recomienda” a las Administraciones autonómicas y locales la retirada de esos símbolos. Se trata evidentemente de una componenda pactada con el Partido Popular, o destinada al menos a aplacarlo: allí donde gobierne el PP, sea en comunidades autónomas o en ayuntamientos, se podrán mantener los símbolos franquistas. Se perpetuarán así los callejeros con el santoral político franquista, las estatuas ecuestres del dictador, las placas en homenaje a los “caídos” del bando fascista en las entradas de las iglesias etc.; intenten imaginar por un instante que sobreviviera toda esa parafernalia fascista en ciudades y landers alemanes, por ejemplo, por conservadores que sean sus gobiernos locales.

Y por último, hay un elemento puramente simbólico –aún más- pero que sirve para terminar de visualizar de qué va todo esto. Lo avanza EL PAIS en un titular de 31 de julio: “La ley de víctimas del franquismo no permitirá la publicación de los nombres de los verdugos”. Acabáramos. Según ése diario, el artículo 7 en su punto 2 establece: “omitirá toda referencia a la identidad de cuantas personas hubiesen intervenido en los hechos y actuaciones jurídicas que dieron lugar a las sanciones o condenas”.

Es evidente que a estas alturas resulta imposible exigir responsabilidades penales a quienes protagonizaron esas mascaradas legales llamadas “juicios militares sumarísimos”, más que nada porque la gran mayoría de sus protagonistas están muertos. Ni siquiera se trata de pedir que se persiga legalmente a los asesinos supervivientes, a pesar de que en países civilizados como Alemania y Francia se les sigue cazando, juzgando y encarcelando pues sus crímenes son imprescriptibles; se trata simplemente de conocer quiénes fueron los responsables de esas atrocidades. Queremos saber, y ese intento tramposo de hurtarnos su conocimiento debería ser un acicate para denunciarlos con nombres y apellidos, estén vivos o muertos; al menos que ellos y sus familias vivan la vergüenza de haber sido nombrados en público como verdugos despiadados.

En suma, y si la tramitación parlamentaria no lo remedia –que no lo remediará, obviamente, a menos que ocurra una auténtica rebelión en las bancadas socialistas-, esta Ley de la Memoria Histórica no sólo no va a cerrar de una vez esa guerra mal llamada “civil”, sino que va a acrecentar la frustración de las víctimas y sus descendientes y la arrogancia de quienes pretenden acallar cualquier cuestionamiento del pasado. En definitiva, sólo servirá para elevar en unos grados la crispación política.