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Los jerarcas de la Iglesia católica española se echan a la calle

Una veintena de obispos agrupados en torno al ex máximo dirigente de la Conferencia Episcopal española, cardenal Rouco Varela, encabezaron el sábado pasado la manifestación que recorrió el centro de Madrid, convocada en protesta por la concesión a los ciudadanos homosexuales de derechos civiles idénticos a los que disfrutan los ciudadanos heterosexuales.

 

La convocatoria de la manifestación corrió por cuenta de organizaciones satélites del Partido Popular (PP) supuestamente defensoras de "la familia" (entendida ésta según el cánon tradicional cristiano, obligatorio para todos hasta ahora), y se inscribe plenamente en la estrategia de la tensión lanzada por el PP en las últimas semanas, mediante la cual los sectores más agresivamente reaccionarios de la derecha española pretenden hacer visualizar al conjunto de los españoles que éste es un país en quiebra, y que por consiguiente hay que defender a todo trance posiciones que, casualmente, coinciden con las propuestas políticas de la extrema derecha de ese partido.

 

Dejando al margen el componente esperpéntico y hasta ridículo de que se saque gente a la calle para defender un modelo de pareja del que quien quiera, si es su deseo, podrá seguir haciendo libérrimo uso –a nadie le van a obligar a partir de ahora a casarse con un homosexual, ni se van a prohibir los matrimonios entre un hombre y una mujer; es más, lamentablemente ni siquiera se cuestiona la validez de la ceremonia religiosa frente al acto civil-, hay que llamar la atención sobre el apoyo nada disimulado que desde la jerarquía eclesiástica se viene prestando a las iniciativas contrarreformistas más retrógradas y guerracivilistas del PP. Hasta ahora, la Iglesia católica española prefería jugar sus cartas de modo más discreto, sin arriesgar todas sus bazas a una sola mano de la partida; el por qué los jerarcas católicos han cambiado de actitud y al parecer han decidido unir su suerte a la de los sectores más a la derecha de la derecha española, merece un comentario aunque sea breve.

 

En primer lugar, parece evidente que la Iglesia española tiene miedo. En las últimas décadas, su desprestigio y progresivo aislamiento de la realidad social de este país –incluido el cambio cultural y en las costumbres-, la están llevando a posturas resistencialistas cada vez más lejanas al "aggiornamiento" que proponía el Concilio Vaticano II, acercándose en cambio a las de aquellos obispos que bendijeron como "Cruzada" la infame guerra que el general Franco lideró contra su propio pueblo en 1936-1939.

 

En los últimos años, además, entre esa jerarquía espantadiza y descolocada proliferan los sayones a sueldo de sectas y mafias cuya influencia sobre la organización eclesiástica suele estar en relación directa al dinero que manejan. La Iglesia es una institución que necesita muchísimo dinero para seguir funcionando, y una vez cegadas sus fuentes históricas de financiación debe recurrir a quien se la ofrezca…naturalmente a cambio de contraprestaciones, servicios y otros sometimientos.

 

Es así como organizaciones como el Opus Dei han llegado a ejercer una enorme influencia incluso en el día a día no ya de la Iglesia española, sino también de la universal incluido el propio Vaticano. Pero, como ya hemos comentado alguna vez, en los últimos años están apareciendo nuevas organizaciones aún más radicales y turbias, sectas que aúnan la actividad financiera, el ejercicio del poder político desde posiciones ultrareaccionarias y la influencia férrea sobre una Iglesia-institución decrépita y aferrada al pasado.

 

Hace unos días oía en COM Ràdio una entrevista al periodista Josep Maria Prim, especialista en estas sectas, que repasaba en voz alta un cierto Quién es Quién de esos grupos, al tiempo que valoraba su poder, influencia y peligrosidad. El ranking lo encabezan, desde luego, los llamados Legionarios de Cristo, organización por cierto cuyo fundador, un cura mexicano, se halla sometido a juicio por pederastia. Entre los miembros más conocidos de esta secta, Prim citaba a personajes políticos como Ana Botella, esposa de José María Aznar (quien, por su parte, oscilaría entre sus simpatías "de siempre" por el Opus Dei y el apoyo a los Legionarios de Cristo), y los ex ministros Angel Acebes y José María Michavila, así como personajes públicos tan variopintos como el showman y productor televisivo Emilio Aragón, las hermanas Koplowitz, dueñas de un imperio empresarial vinculado a la contratación de obras públicas, y la Duquesa de Alba, personaje pintoresco de gran proyección social a través de la "prensa rosa" y una de las mayores fortunas de Europa. Entre los eclesiásticos de alto rango directamente vinculados a esta organización, Prim señalaba nada menos que al actual vicepresidente de la Conferencia Episcopal española, el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares.

 

Otra conocida secta son los llamados "Kikos" o Movimiento Neocatecumenal, que según Josep Maria Prim contarían como miembros o simpatizantes al actual presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Ricardo Blázquez, y su antecesor en el cargo, el cardenal Rouco Varela.

 

Obviamente, en un momento en que son los Acebes, Zaplana y, desde la sombra, Aznar, quienes están dirigiendo la estrategia política del PP –forzando a seguirles al sector más "moderado" del partido (es decir a los opusdeístas como Rajoy, Mayor Oreja y otros)-, no es extraño que recurran a sus asociados ideológico-financieros, los jerarcas eclesiásticos, para dar revestimiento "popular" y legitimidad ideológica a esta especie de "asonada blanda" continua que patrocinan.

 

Toda esta maraña de intereses ideológico-financieros son difícilmente percibidos por el común de la ciudadanía, pero aún así a pocos se les escapa que la intransigencia eclesiástica no es de ningún modo gratuita: el ciudadano de a pie es consciente de que a la Iglesia española hace tiempo que se le está escapando el control sobre las mentes, y lo que quizá es peor para ella, sobre los bolsillos de los españoles.

 

En cierto modo, es la Iglesia quien está precipitando y haciendo inevitable la próxima batalla: la denuncia por el Estado del infame Concordato, y la retirada subsiguiente de las cuantiosas subvenciones públicas que recibe a costa del erario público.